Persisten las dudas sobre la implicación de los Mossos en el presunto montaje policial del puerto de Barcelona
Han pasado nueve años desde que Carlos L., estibador del puerto de Barcelona, fue arrestado acusado de poseer casi un kilo de cocaína, varias dosis de hachís, un hacha y una pistola semiautomática. Lo que en 2016 se presentó como una operación rutinaria contra el narcotráfico, derivó con el tiempo en un caso judicial complejo con acusaciones de manipulación de pruebas.
El trabajador fue finalmente absuelto, y las investigaciones posteriores apuntaron a la posible existencia de un montaje policial en el que se habría implicado a dos agentes de los Mossos d’Esquadra y dos civiles. Sin embargo, hasta la fecha no existen pruebas firmes que demuestren la participación directa de los agentes en los hechos, y la causa continúa en fase de esclarecimiento.
La acusación de la Fiscalía y las defensas
Según la Fiscalía, los acusados habrían actuado de forma coordinada para crear pruebas falsas y vincular al estibador con delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. El Ministerio Público pide penas de entre 6 y 17 años de prisión, además de inhabilitaciones y multas económicas.
Asimismo, solicita que la Generalitat de Catalunya sea considerada responsable civil subsidiaria, dado que dos de los procesados eran agentes en activo en el momento de los hechos.
Las defensas, por su parte, rechazan categóricamente estas acusaciones y sostienen que no hay evidencias materiales ni documentales que respalden la versión de la Fiscalía.
Un plan que sigue bajo sospecha
De acuerdo con el escrito de acusación, los agentes Xavier y Francesc habrían accedido sin autorización a bases de datos policiales para obtener información sobre Carlos L. y su vehículo, compartiendo luego los datos con Joaquín B. y Juan Antonio R..
Según esta versión, los dos civiles habrían introducido en el coche del estibador un hacha, una navaja, una pistola con nueve balas, 877 gramos de cocaína y 112 gramos de hachís el 15 de junio de 2016, antes de que un confidente anónimo alertara a la policía.
No obstante, las defensas insisten en que no hay rastro técnico ni testimonio verificable que demuestre la participación de los mossos en esa supuesta manipulación, y que la acusación se basa en conjeturas sin respaldo probatorio.
De acusado a víctima
La investigación inicial contra Carlos L. se cerró en 2019 por falta de pruebas que lo vincularan al narcotráfico. El sobreseimiento dio lugar a una nueva causa en la que él pasó a ser acusador particular.
La Fiscalía mantiene cargos contra los cuatro acusados por detención ilegal, revelación de secretos, delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y aprovechamiento de información privilegiada. Además, reclama una indemnización al estibador por los daños sufridos.
Un juicio cuestionado por las escuchas
El juicio oral comenzó este lunes en la Audiencia de Barcelona con las cuestiones previas.
Los abogados José Ramón Sorní y Sandra Melgar, defensores de los mossos, solicitaron la nulidad de las escuchas y grabaciones realizadas durante la investigación, alegando que vulneran derechos fundamentales.
Sorní afirmó que las intervenciones fueron “prospectivas y sin base sólida”, y que su cliente fue investigado solo por mantener amistad con uno de los civiles. Melgar, por su parte, subrayó que las pruebas se basan en suposiciones y no en hechos contrastados, y que los informes policiales no detallan ninguna conexión directa entre los agentes y los demás acusados.
Consultas sin autor identificado
Uno de los elementos más controvertidos del caso son las consultas realizadas en marzo de 2016 desde un perfil policial para acceder a los datos del estibador y de David Caballero, alias “Bubito”, posteriormente asesinado en Montgat en 2024.
La acusación sostiene que esas búsquedas fueron el origen del supuesto montaje. Sin embargo, las defensas remarcan que no se ha podido determinar quién realizó realmente las consultas. Los registros informáticos muestran que se hicieron desde la cuenta del jefe de unidad, y no existen auditorías ni turnos documentados que identifiquen a la persona que las ejecutó.
Incluso agentes de la División de Asuntos Internos (DAI) reconocieron durante la instrucción que no puede saberse con certeza quién accedió al sistema, lo que refuerza las dudas sobre la implicación directa de los mossos.
Un proceso aún abierto
El tribunal ha decidido mantener las pruebas presentadas hasta el momento y continuar el juicio, a la espera de escuchar a los instructores del caso, agentes de Asuntos Internos y testigos protegidos.
Aun así, la ausencia de pruebas concluyentes que incriminen a los agentes de los Mossos d’Esquadra sigue siendo un punto central del proceso, que nueve años después continúa rodeado de incógnitas.
Una cuestión permanece en el aire: quién ideó realmente el supuesto montaje y con qué propósito.
