La Audiencia cita a declarar a Ada Colau por la sanción al fondo buitre Vauras, tras el desahucio del Bloque Llavors
El Ayuntamiento de Barcelona tiene varios frentes abiertos con la justicia, y es que las garras del capitalismo no entiende de nacionalidades. El fondo buitre finlandés, Vauras Investment, interpuso una querella el pasado año contra la alcaldesa de Barcelona Ada Colau; la concejala de Vivienda, Lucía Martín, y el concejal del Distrito de Sants Montjuïc, Marc Serra, por connivencia con las personas que habían ocupado el Bloc LLavors, un bloque de viviendas de su propiedad en el barrio de Poble Sec.
Este edificio del barrio del Poble-sec, conocido a raíz de la compra de toda la finca por parte del fondo buitre y los desahucios que se produjeron después, es el protagonista.
El fondo argumentó en su día que los sucesivos aplazamientos del desahucio le causaron pérdidas económicas, pero la Ley de la Generalitat obligaba a Vauras a ofrecer un alquiler social a las familias que vivían en los pisos.
La denuncia terminó archivada pero la Audiencia de Barcelona corrigió a la jueza instructora y reabrió la causa.
La querella de Vauras se suma a la actividad judicial impulsada por grandes empresas y fondos buitre descontentos con las decisiones del consistorio. Hasta ahora ninguna de diez causas judiciales ha llegado a juicio, y los casos se encuentran archivados.
La Audiencia de Barcelona ha decidido que la alcaldesa vaya a declarar como investigada el próximo 13 de marzo, después de que Vauras tramitara una querella cuando el Ayuntamiento impuso sanciones a la empresa por no ofrecer alquiler social a familias vulnerables.
En una primera instancia, el fondo presentó una denuncia que la titular del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona archivó y, además, criticó al fondo por atribuir delitos «sin rigor ni precisión».
En una comparecencia, Colau ha expresado que está «muy tranquila» y que no tiene ninguna duda de que «se acabará archivado una vez más», como ha ocurrido con numerosos casos en los que el sector privado ha intentado llevar a la alcaldesa ante la justicia.
Colau considera que es muy grave que se cuestione que las administraciones puedan aplicar la ley vigente para defender el derecho a la vivienda de los ciudadanos: “Parece el mundo al revés, se nos investiga por hacer cumplir la ley a petición de quien se la salta”.
