La Audiencia de Barcelona ordena la apertura de juicio oral por la estafa de BBServeis, tras 12 años de espera
El proceso judicial se inició con diligencias previas en el Juzgado de Instrucción n.º 11, el cual dictó un auto de sobreseimiento provisional el 26 de noviembre de 2024. Sin embargo, la acusación particular, representada por María José Alarcón Vicente y otros afectados, impugnó esta decisión, argumentando que existían indicios racionales de actividad delictiva.
La resolución de la Audiencia Provincial
Tras analizar el recurso presentado, la Audiencia Provincial falló a favor de los apelantes, considerando que el sobreseimiento vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva.
El tribunal subrayó que existían pruebas suficientes de criminalidad en los hechos denunciados, en línea con lo expuesto en un auto de procedimiento abreviado previo.
La importancia de la tutela judicial efectiva
La decisión de la Audiencia destaca que el sobreseimiento impide el avance del proceso hasta la fase de juicio oral, donde podrían valorarse las pruebas y determinar la responsabilidad penal de los acusados.
Por ello, se ha ordenado la apertura de juicio oral, asegurando que los hechos denunciados sean enjuiciados. Además, las costas del recurso han sido declaradas de oficio.
La reapertura del caso BBServeis tras más de una década
El caso BBServeis, considerado una de las mayores tramas delictivas en el sector residencial, llevaba 12 años atascado en los tribunales.
Durante el concurso de Instituto Geriátrico Fénix S.L., se detectó una simulación patrimonial en la venta de participaciones de dicha entidad en BBServeis.
Una red de fraude con fondos públicos
El afán de enriquecimiento ilícito con dinero público destinado al cuidado de personas mayores precede a la crisis del COVID-19. BBServeis es un claro ejemplo de ello.
La trama, desmantelada por la Guardia Civil el 23 de febrero de 2016, afectó gravemente a más de 750 ancianos, quienes recibieron cuidados deficientes. También perjudicó a 2.000 trabajadores, que sufrieron impagos de hasta siete meses, lo que los llevó a situaciones de extrema precariedad, incluyendo desahucios.
El papel clave de los denunciantes
Un grupo de empleados fue fundamental para destapar el fraude. La Plataforma de Afectados BBServeis, creada en 2011 por María José Alarcón, Roberto Martínez y Eduard Montells, presentó una querella en 2013. Gracias a su denuncia, en 2016 la Guardia Civil arrestó a cinco directivos del grupo, acusados de organización criminal, apropiación indebida, alzamiento de bienes y vulneración de derechos laborales.
Para visibilizar la situación, la Plataforma produjo el documental «Pactos de silencio», dirigido por Toni Navarro, en el que extrabajadores narran las duras condiciones que enfrentaron.
Una organización piramidal con ramificaciones internacionales
Las investigaciones revelaron que BBServeis operaba como una estructura piramidal, encabezada por Jesús Puyoles, seguido de Ismael Soriano y Alain J. Dominique Hernández, con la participación de otros implicados como Diego Parra y Bauduin Noel Antoon Hayen.
Esta organización obtuvo 90 adjudicaciones públicas a través de empresas franquiciadas en toda España, desviando fondos públicos destinados al cuidado de ancianos. Estos fondos fueron utilizados para adquirir bienes de lujo, como vehículos de alta gama.
La Guardia Civil también identificó movimientos financieros internacionales, incluyendo cuentas en Andorra y Suiza, así como vínculos con la empresa luxemburguesa Primedale Participation SA, utilizada para el blanqueo de capitales.
La impunidad de algunos implicados
A pesar de las detenciones, dos acusados siguen activos en el sector residencial: Ismael Soriano y Diego Parra, quienes actualmente gestionan residencias en Catalunya. Esto ha generado indignación entre los afectados.
Aunque las inspecciones recientes de la Generalitat no han detectado irregularidades significativas en estos centros, la presencia de estos directivos en el sector sigue siendo cuestionada.
Exigencias de la plataforma de afectados
Desde la Plataforma de Afectados BBServeis, se reclama un cambio urgente en el modelo residencial. Exigen que la atención a mayores sea exclusivamente pública, evitando el lucro a costa de una necesidad básica.
Asimismo, denuncian la falta de protección para los denunciantes de corrupción, exigiendo mayores garantías legales para quienes se atreven a sacar a la luz estos fraudes.
