Arrels alerta de una ordenanza “desfasada” frente al aumento del sinhogarismo
La Fundació Arrels denuncia que la nueva ordenanza de civismo de Barcelona nace ya obsoleta para afrontar la realidad actual del sinhogarismo. La entidad sostiene que la norma recién aprobada por el Ayuntamiento no tiene en cuenta las nuevas manifestaciones del problema y que una reforma largamente esperada, concebida para mejorar la convivencia en el espacio público, acabará empeorando la vida de las personas sin techo.
Nuevos perfiles en la calle: trabajadores sin acceso a vivienda
Un paseo por la Zona Franca, Sant Antoni o los parques de la Vila Olímpica permite constatar un cambio significativo en los perfiles de personas que viven en la calle. A los casos tradicionales marcados por la cronicidad, los problemas de salud mental o el alcoholismo, se suman ahora personas con empleo que no pueden acceder a una vivienda y que nunca antes se habían encontrado en esta situación.
Según el último recuento de Arrels, 1.982 personas duermen actualmente en las calles de Barcelona, lo que supone un incremento del 43,2% respecto a 2023. Durante 2025, la fundación atendió a 3.337 personas, de las cuales 1.524 fueron atendidas por primera vez, un dato que refleja la gravedad y la extensión del fenómeno.
Una norma con planteamientos de hace 20 años
Pese a este cambio de escenario, la directora de Arrels, Bea Fernández, critica que la nueva ordenanza afronte el sinhogarismo con los mismos planteamientos que su primer redactado, hace dos décadas.
“La nueva ordenanza penaliza a las personas en situación de calle igual que la anterior, e incluso de una forma más punitiva. No se adapta ni a los nuevos ni a los antiguos perfiles”, advierte.
Alegaciones rechazadas y medidas «de otros tiempos»
Arrels presentó diez alegaciones para evitar que se sancione a las personas sin hogar por actividades a las que se ven abocadas por su situación, como acampar, cocinar o dejar una lata de cerveza en el suelo. Sin embargo, el Ayuntamiento rechazó la mayoría al considerar que introducir esta distinción supondría una discriminación.
“El Consistorio está adoptando medidas propias de otros tiempos, como la retirada de bancos en Sant Antoni. Eso no soluciona el problema, solo desplaza a las personas”, denuncia Fernández.
Más sanciones y agravantes en el espacio público
La nueva ordenanza incorpora agravantes por orinar en la vía pública: la multa pasa de 300 a 750 euros si la infracción se produce en calles estrechas, espacios concurridos o edificios catalogados. El gobierno del alcalde Jaume Collboni solo aceptó el 34% de las alegaciones presentadas por grupos municipales y entidades, aunque respaldó la mayoría de las propuestas de Junts.
El ejecutivo municipal sostiene que la norma no sustituye la acción social, sino que la complementa, priorizando las medidas alternativas a las multas y condenando la aporofobia.
“No se puede gestionar la pobreza como un problema de convivencia”
Desde Arrels discrepan frontalmente. “No es lo mismo que una persona que tiene dónde vivir tire una lata en una fiesta popular a que lo haga alguien que vive en la calle”, insiste la directora.
La fundación considera que el Ayuntamiento debe regular el botellón para reducir las molestias vecinales, pero no tratar los problemas sociales como simples conflictos de convivencia. “Muchas personas sin techo ya acumulan numerosas sanciones por dormir o beber alcohol en la calle. No tiene ningún sentido”, concluye.
Arrels propone que, cuando la Guardia Urbana detecte a una persona sin hogar realizando actividades de sostenimiento de la vida, contacte con los servicios sociales en lugar de sancionarla. Y si la situación de sinhogarismo se acredita posteriormente, la entidad reclama que la multa sea anulada, y no simplemente sustituida.
