El Ayuntamiento de Barcelona firma acuerdos contra el fraude entre la Oficina Antifraude de Cataluña y la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción
El Ayuntamiento de Barcelona ha firmado dos convenios contra el fraude que consolidan los vínculos con la Oficina Antifraude de Catalunya y la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción en la lucha contra la corrupción y la protección de las personas informantes.
Dos acuerdos que permiten garantizar el traspaso, con todas las garantías de confidencialidad y anonimato, de las comunicaciones que reciba el consistorio a través del Buzón Ético y de Buen Gobierno y que excedan de su competencia.
La firma de los dos convenios de colaboración, que se ha materializado estos días, coincide con que el Buzón Ético y de Buen Gobierno, que funciona desde el año 2017, reúne todos los requerimientos exigidos por la Ley 2/ 2023 reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que ha entrado en vigor el 13 de marzo (ley de transposición de la Directiva Europea (conocida como Directiva whistleblower) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019).
La tercera teniente de alcaldía, Laia Bonet ha manifestado que «el Ayuntamiento está plenamente comprometido en la promoción de políticas de buen gobierno y transparencia que requieren la colaboración entre todas las administraciones públicas» y ha puesto en valor, una vez más, el papel “pionero de Barcelona de poner en marcha el Buzón Ético de Buen Gobierno, un canal seguro de denuncias ciudadanas contra la corrupción u otras prácticas lesivas que ha sido replicada por otras instituciones y administraciones públicas, como la Generalitat de Catalunya, Ayuntamientos y Universidades, así como las oficinas antifraudes de Cataluña, Valencia y Andalucía”.
Por un lado, Laia Bonet y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, han firmado un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones que contempla el traspaso mutuo, con todas las garantías de confidencialidad y anonimato, de las comunicaciones según las respectivas competencias propia de la otra.
El nuevo acuerdo, que renueva la colaboración iniciada en 2014 y ampliada en 2017, contempla también la puesta en común de los conocimientos y experiencias prácticas en materia de prevención de la corrupción y de fomento de la integridad institucional entre otros, que tienen relación con la comunicación confidencial, segura y también anónima de conductas de las administraciones públicas que resulten contrarias a los principios o reglas éticas y al ordenamiento jurídico vigente.
En paralelo, se ha firmado otro convenio, con el mismo contenido, con el director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, Ricardo Vicente Puyol Sánchez que contempla también el traspaso mutuo, con todas las garantías de confidencialidad y anonimato, de las comunicaciones según sus respectivas competencias.
Unas colaboraciones especialmente relevantes sobre todo a raíz de la aprobación de la Directiva europea de protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión y la entrada en vigor, el día 13 de marzo.
