La actuación policial en protestas docentes abre un frente político en Catalunya
Los Mossos d’Esquadra han reconocido de forma implícita su actuación en una reunión de profesores en Barcelona, en la que se abordaban aspectos organizativos de una huelga. A través de un comunicado, el cuerpo ha señalado que la recogida de información sobre conflictividad social y laboral forma parte de sus competencias legales, con el objetivo de evaluar posibles riesgos y amenazas.
Según el propio cuerpo, estas intervenciones no responden a decisiones arbitrarias, sino al cumplimiento de funciones atribuidas por normativa a la Comisaría General de Información. Aunque no se afirma de manera explícita, el posicionamiento oficial sugiere que agentes de paisano fueron desplegadas para obtener información sobre las movilizaciones previstas.
Los Mossos han querido enmarcar su actuación dentro de la legalidad vigente, subrayando que su finalidad es garantizar la seguridad y anticipar escenarios de riesgo, en medio de un debate público creciente sobre este tipo de prácticas.
Tensión política y respaldo institucional
La situación ha generado una intensa reacción política. Algunos socios parlamentarios del gobierno han pedido la destitución de Josep Lluís Trapero, mientras que la consejera de Interior, Núria Parlon, ha defendido la profesionalidad del cuerpo policial y ha reiterado su confianza en su dirección.
En línea con el presidente Salvador Illa, Parlon ha respaldado públicamente la actuación de los Mossos, en lo que constituye su primera reacción oficial tras conocerse los hechos.
La oposición intensifica la presión parlamentaria
Los grupos de la oposición han reclamado explicaciones inmediatas y han solicitado la comparecencia tanto de la consejera de Interior como de la titular de Educación, Esther Niubó. También exigen que dé explicaciones el propio Trapero ante la cámara.
Formaciones como Esquerra Republicana de Catalunya, los comunes y la CUP han registrado iniciativas conjuntas para esclarecer los hechos, mientras que Junts per Catalunya ha impulsado preguntas dirigidas a los departamentos implicados, insistiendo en la necesidad de abordar la situación en sede parlamentaria.
