La Sindicatura de Greuges de Barcelona insta a revisar los cobros en un curso de natación para mayores de 65 años
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha solicitado revisar los importes cobrados a una persona mayor de 65 años inscrita en un curso de natación en un centro deportivo municipal. La institución considera que se aplicó una restricción a una tarifa reducida que no estaba recogida de forma explícita en la normativa vigente, lo que podría haber derivado en un cobro superior al correspondiente.
Asimismo, recomienda al Institut Barcelona Esports analizar de nuevo la reclamación y valorar la devolución de las cantidades abonadas en exceso.
El caso se origina tras la reclamación de una persona usuaria habitual de actividades acuáticas que, al cumplir 65 años, solicitó acogerse a la tarifa bonificada prevista para este colectivo. Sin embargo, tanto el centro deportivo como el IBE interpretaron que dicho descuento solo era aplicable a programas específicos dirigidos a personas mayores y en horario de mañana.
Falta de respaldo normativo en las limitaciones aplicadas
Tras examinar la situación, la Sindicatura concluye que los precios públicos vigentes en el periodo analizado no incluían ninguna limitación relacionada con horarios o tipologías de actividad para acceder a la bonificación. Esto implica que la restricción aplicada carecía de base normativa clara y publicada.
La institución subraya que, aunque la administración puede establecer condiciones para acceder a tarifas reducidas, estas deben cumplir con los principios de legalidad, transparencia y seguridad jurídica, lo que exige su aprobación formal y difusión pública.
La normativa prevalece sobre instrucciones internas
Según el informe emitido, las condiciones económicas de los servicios municipales deben derivarse exclusivamente de la normativa oficial. Por tanto, indicaciones verbales, criterios internos o información facilitada por los centros no pueden sustituir lo establecido legalmente.
En este contexto, la Sindicatura advierte que cualquier limitación —ya sea por organización o gestión— debe figurar de manera expresa en los precios públicos aprobados.
Cambios normativos y diferencias económicas
La resolución también señala que los precios públicos de 2026 ya incorporan una referencia específica que vincula la tarifa bonificada a determinadas actividades. Este ajuste normativo pone de manifiesto que la regulación anterior no definía con suficiente claridad dichas restricciones.
El impacto económico de esta situación resulta relevante. Mientras que la tarifa mensual bonificada para mayores de 65 años en actividades acuáticas era de 13,70 euros, la tarifa general para personas adultas ascendía a 41,14 euros.
Recomendación: revisar y devolver importes si procede
Ante estos hechos, la Sindicatura recomienda al IBE revisar el caso concreto y considerar la devolución de los importes cobrados de más, dado que la limitación aplicada no estaba contemplada explícitamente en la normativa vigente.
La decisión pone el foco en la necesidad de garantizar una aplicación coherente, transparente y legal de las tarifas públicas municipales, especialmente cuando afectan a colectivos con derecho a bonificaciones.
