La Sindicatura pide recuperar el uso residencial de 50 viviendas del Port de Barcelona
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha reclamado al Ayuntamiento que explore todas las alternativas urbanísticas y administrativas posibles para recuperar el uso residencial de las 50 viviendas del paseo de Josep Carner, conocidas como las viviendas del Puerto. La institución considera que estos inmuebles podrían contribuir a ampliar el parque de vivienda asequible de la ciudad, en un contexto marcado por las dificultades de acceso a la vivienda.
Además, la Sindicatura solicita que se paralice el desalojo de una vecina de más de 70 años que reside en uno de estos pisos desde 1961. La petición plantea que no se produzca su salida del domicilio hasta que tenga garantizada una alternativa residencial adecuada.
La Sindicatura reclama una solución para las viviendas del Puerto
En una resolución publicada el 16 de noviembre de 2026, la institución señala que el Ayuntamiento de Barcelona dispone de competencias y herramientas suficientes para estudiar una solución que permita conservar el carácter residencial de estos edificios.
La Sindicatura recuerda que ya en 2014 planteó la posibilidad de incorporar las viviendas a las políticas municipales de vivienda asequible, una vez se modificara su situación urbanística. Doce años después, considera que todavía no se han agotado todas las vías para encontrar una solución definitiva.
La institución insiste en que mantener estos inmuebles como viviendas podría contribuir a aumentar la oferta residencial de Barcelona, especialmente teniendo en cuenta las dificultades que afrontan las personas con menos recursos para acceder a un hogar.
La mayoría de los pisos permanecen tapiados desde hace años
Los edificios del paseo de Josep Carner fueron construidos en 1960 para alojar a trabajadores del Port de Barcelona. Sin embargo, la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) lleva años desarrollando una política para recuperar las viviendas ocupadas fuera de las condiciones establecidas inicialmente.
La finalidad de esta actuación es poner fin a su utilización residencial y mantener los inmuebles disponibles para futuros proyectos relacionados con la planificación y la actividad portuaria. Actualmente, únicamente cinco viviendas continúan ocupadas, mientras que el resto permanecen tapiadas.
La situación urbanística de los edificios cambió en 2016, cuando dejaron de formar parte del dominio público portuario. Este hecho abrió la posibilidad de que el Ayuntamiento estudiara una nueva calificación urbanística para los inmuebles.
Entre 2017 y 2021 se celebraron diferentes encuentros entre representantes municipales y la Autoridad Portuaria. Durante estas conversaciones, la APB manifestó su disposición a estudiar alternativas relacionadas con la rehabilitación, la cesión y la gestión social de las viviendas.
Pese a ello, las negociaciones no se tradujeron en ningún acuerdo concreto. Los edificios siguen siendo propiedad de la Autoridad Portuaria de Barcelona y mantienen una calificación urbanística de fuera de ordenación, que impide destinarlos a uso residencial mientras no se modifique.
Una vecina de más de 70 años podría perder su vivienda
La situación de estos inmuebles ha vuelto a ponerse sobre la mesa a raíz de la reclamación presentada por una residente de más de 70 años que vive en uno de los pisos desde 1961, cuando se trasladó allí junto a sus padres.
La Autoridad Portuaria le comunicó que debía abandonar la vivienda después de que su madre, vinculada a la adjudicación inicial del inmueble, ingresara de forma permanente en una residencia y dejara de vivir en el domicilio.
La vecina se encuentra inscrita en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Barcelona y en la Bolsa de Vivienda de Alquiler. También ha participado en distintas convocatorias públicas y ha buscado activamente otro alojamiento, pero hasta ahora no ha conseguido encontrar una alternativa residencial.
Reclaman una alternativa habitacional antes de cualquier desalojo
La Sindicatura considera que la situación personal de la residente requiere una atención especial. Su edad, sus circunstancias económicas, los más de 60 años que lleva viviendo en el inmueble y las dificultades para acceder a otra vivienda son factores que, según la institución, deben tenerse en cuenta antes de adoptar cualquier decisión.
Por este motivo, reclama que la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Barcelona coordinen sus actuaciones para garantizar una solución habitacional efectiva.
La petición de la Sindicatura es que se detenga el procedimiento de desalojo hasta que la vecina disponga de una alternativa residencial adecuada. La institución considera que su salida del domicilio no debería producirse sin haber asegurado previamente una respuesta que tenga en cuenta sus circunstancias personales y su situación de vulnerabilidad.
Colau y la Síndica ya pidieron al Puerto la cesión de los 50 pisos
La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la Síndica de Greuges de la ciudad, Maria Assumpció Vilà, ya pidieron al Puerto de Barcelona en 2015 la cesión de las 50 viviendas de su propiedad para destinarlas a atender situaciones de emergencia habitacional.




























