Operativo de Mossos, Policía Nacional y Treball contra el transporte ilegal en El Prat
Llegar al Aeropuerto de Barcelona-El Prat y encontrarse con propuestas de traslado improvisadas sigue siendo una escena habitual para muchos viajeros. Lo que a primera vista puede parecer un hecho puntual es, en realidad, la manifestación visible de una estructura organizada de transporte ilegal que actúa de forma continuada en el entorno aeroportuario.
Ante esta realidad, los Mossos d’Esquadra han reforzado su actuación con controles casi diarios y, este viernes, han llevado a cabo un dispositivo coordinado con Inspecció de Treball y la Policía Nacional para abordar el problema de manera integral.
La intervención ha dejado cifras reveladoras. Durante el operativo se identificó a once conductores, de los cuales cinco se encontraban en situación administrativa irregular, y se incoaron expedientes tanto por extranjería como por incumplimientos laborales. Asimismo, un conductor quedó bajo investigación y un vehículo fue inmovilizado al no disponer de la autorización necesaria para el transporte de pasajeros.
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Servicios ofertados como legales que incumplen la normativa
Las pesquisas desarrolladas por los cuerpos policiales señalan la existencia de una red discreta de traslados irregulares, vinculada en muchos casos a plataformas digitales que ofrecen servicios asociados a alojamientos turísticos. El usuario contrata el traslado por internet con la percepción de estar ante una actividad legal, pero el servicio termina siendo prestado por empresas subcontratadas que operan al margen de la normativa vigente.
Este sistema reduce costes mediante conductores sin licencia, sin contrato o sometidos a condiciones laborales precarias, lo que genera una competencia desleal directa frente a taxis y VTC que cumplen los requisitos legales y asumen los elevados costes de operar en el aeropuerto.
Explotación laboral tras el volante
Uno de los ejes centrales del operativo ha sido el control de las condiciones de trabajo. Los inspectores han verificado altas en la Seguridad Social, identidad del empleador y jornadas reales, detectándose en numerosos casos contratos inexistentes o manipulados, con horarios muy superiores a los declarados oficialmente.
Las empresas implicadas se enfrentan a sanciones superiores a los 10.000 euros por cada trabajador irregular, aunque los agentes destacan que los conductores suelen ser las principales víctimas del sistema. Algunos realizan jornadas de hasta doce horas diarias por salarios mínimos, complementados con pequeñas comisiones asignadas mediante mecanismos internos que premian el precio más bajo, fomentando una dinámica de precarización constante.
Riesgos para el pasajero y control policial reforzado
Desde los Mossos se insiste en que muchos usuarios desconocen quién presta realmente el servicio y bajo qué garantías, una circunstancia que afecta tanto al equilibrio del sector como a la seguridad del viajero. La Policía Nacional ha participado activamente en el dispositivo debido a la presencia significativa de conductores extranjeros en situación irregular, llegándose a practicar detenciones a lo largo de la jornada.
De forma paralela, los agentes de Tráfico han intensificado la vigilancia sobre los vehículos que operan en el recinto aeroportuario. Recoger pasajeros sin autorización conlleva una multa de 4.001 euros y la inmovilización inmediata del vehículo, que permanece retenido hasta que se abona la sanción. La presión policial ha llevado a establecer una presencia permanente de los Mossos en El Prat para agilizar actuaciones y mantener el control continuo.
El viajero como víctima colateral
Cuando se detecta un traslado ilegal y el servicio queda cancelado, los Mossos recuerdan que el pasajero es un perjudicado involuntario. En estas situaciones, los agentes facilitan el acceso a taxis y servicios de transporte legales, evitando que el usuario quede sin alternativas.
La estrategia policial se basa en controles constantes en los accesos por carretera, considerados puntos clave para identificar vehículos sospechosos. En lo que va de año se han realizado centenares de inspecciones, constatándose además que muchos de estos conductores operan también en zonas turísticas fuera del área metropolitana. Esta expansión ha llevado a los Mossos a reclamar una mayor coordinación con las policías locales para frenar una actividad que ya no se limita al entorno del aeropuerto.
