La adjudicación de chiringuitos en Barcelona genera críticas por supuesta “subasta encubierta”
La adjudicación de los chiringuitos de las playas de Barcelona hasta 2029 ha generado controversia política, con acusaciones de que el proceso se habría convertido en una “subasta encubierta”. Los grupos de la oposición han criticado que el gobierno de Jaume Collboni habría priorizado los criterios económicos frente a otros factores como la sostenibilidad, la calidad del servicio y la creación de empleo de calidad.
Debate sobre criterios económicos y sostenibilidad
El ejecutivo municipal ha defendido que no todos los seleccionados ofrecieron la mayor propuesta económica. La teniente de alcaldía, Laia Bonet, señaló que cuatro de los 14 adjudicatarios no eran los que más dinero ofrecieron. Además, explicó que el peso de los criterios económicos se redujo al 15%, frente al 35% de la licitación anterior.
Aun así, las ofertas económicas de los restauradores han alcanzado el millón de euros, lo que ha llevado a algunos concejales de la oposición, como Guille López (BComú) y Rosa Suriñach (ERC), a denunciar que el precio ha sido determinante en la selección de los espacios. El PP ha calificado el proceso como una “subasta encubierta”.
Acusaciones de arbitrariedad en la exclusión de restauradores
Junts ha denunciado ante la Comisión de Urbanismo que algunos restauradores fueron excluidos de manera arbitraria durante el procedimiento. El concejal Arnau Vives afirmó que los criterios de exclusión fueron incoherentes y no transparentes, lo que podría exponer al Ayuntamiento a futuros litigios.
Frente a estas críticas, Bonet ha defendido la actuación del gobierno y de los equipos técnicos, asegurando que el proceso se realizó con rigor y rechazando las acusaciones de arbitrariedad.
