La Audiencia de Barcelona niega la amnistía a un mosso por un disparo de “foam” durante las protestas del Procés
La Audiencia de Barcelona ha decidido no aplicar la amnistía al agente de los Mossos d’Esquadra acusado de disparar un proyectil de espuma contra un manifestante durante las protestas por la sentencia del Procés. El afectado denunció haber recibido el impacto del foam en la pierna y haber sido golpeado por varios agentes.
El Juzgado de Instrucción número 4 había archivado la causa tras considerar que los hechos no constituían tortura ni trato degradante, aplicando así la Ley de Amnistía. Sin embargo, la Audiencia cree necesario seguir investigando y celebrar un juicio oral para esclarecer si realmente se vulneraron derechos fundamentales, lo que excluiría el caso del alcance de la amnistía.
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Dudas sobre el uso del proyectil
En su resolución, la Audiencia estima el recurso presentado por Irídia, entidad que representa al denunciante, y destaca que la decisión inicial no especificaba el tipo de altercado que motivó el uso del proyectil. El tribunal recuerda que el empleo del foam solo estaba autorizado ante ataques con piedras, objetos contundentes o material pirotécnico, condiciones que no habrían concurrido.
Según el fallo, quedó acreditado que el agente utilizó el arma sin que existieran las circunstancias que lo justificaran, y que el denunciante no participaba activamente en las protestas, sino que se encontraba tomando algo con sus amigos en la zona.
Un caso con implicaciones para la Ley de Amnistía
La Audiencia considera que el procedimiento ha contado con una investigación eficaz, pero insiste en que debe evaluarse la proporcionalidad del uso de la fuerza en un juicio oral. De este modo, el tribunal abre la posibilidad de que los casos de violencia policial queden fuera de la amnistía si se demuestra un trato degradante o un uso abusivo de la fuerza.
Desde Irídia valoran la decisión como un precedente importante que rompe con la tendencia de aplicar la amnistía de forma automática. Según la entidad, la resolución supone “un avance en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la impunidad policial”.
