La Generalitat exige una investigación penal a Uber por el uso de repartidores autónomos
El Govern de la Generalitat ha instado a la Fiscalía a investigar a Uber por un posible delito contra sus repartidores, ante la sospecha de que la compañía esté utilizando de forma irregular a sus mensajeros. Desde el ámbito laboral se considera urgente que se active la vía penal si la multinacional estadounidense mantiene su actual sistema de reparto con autónomos, una práctica que podría vulnerar la legislación vigente.
El conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, subraya que es imprescindible que el Ministerio de Trabajo intervenga para revertir el modelo con el que opera Uber en la actualidad. Desde la administración catalana se considera prioritario que el sector de las plataformas digitales avance hacia un marco homogéneo que obligue a todas las compañías a competir bajo las mismas reglas laborales. En este contexto, Uber ha declinado realizar declaraciones sobre las actuaciones en curso.
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Sospechas de falsos autónomos y fraude a la Seguridad Social
Uber opera en España con un modelo mixto, combinando repartidores subcontratados con otros dados de alta como autónomos, una figura que, según el criterio mayoritario de los tribunales, podría encajar en la categoría de falsos autónomos. De acuerdo con datos de la Inspección de Trabajo, la empresa acumula al menos 23,2 millones de euros en sanciones y cuotas impagadas a la Seguridad Social, aunque buena parte de estas infracciones han sido anuladas posteriormente por la Audiencia Nacional.
Tanto el Ministerio de Trabajo como la Generalitat sostienen que este modelo podría constituir un delito penal, en concreto el contemplado en el artículo 311 del Código Penal, que sanciona la imposición de condiciones ilegales a los trabajadores mediante fórmulas contractuales ajenas al contrato laboral.
Un sector que debe competir con las mismas normas
Desde el Govern se insiste en que Uber debe adaptarse al modelo laboral exigido por la ley, del mismo modo que ya lo han hecho otras plataformas. La referencia es Glovo, que tras años de sanciones millonarias y una investigación penal en curso contra su consejero delegado, inició la contratación directa de sus repartidores. Actualmente, Glovo lidera el mercado del reparto a domicilio en España, seguida por Uber Eats y Just Eat.
La Generalitat ha mostrado su respaldo a Glovo en esta nueva etapa, destacando su origen catalán y su integración en el marco legal, un apoyo que fue escenificado públicamente por el president Salvador Illa junto a representantes de la empresa y los sindicatos.
Investigación laboral y posibles consecuencias penales
La Inspección de Trabajo mantiene abierta una macroinvestigación sobre Uber en todo el territorio español, que afecta a más de 10.000 repartidores. Los inspectores analizan la relación contractual de los mensajeros y cuentan con indicios de empleo de personas migrantes sin permiso de trabajo en vigor. El resultado de esta investigación, previsto para enero, será clave para determinar si se impone una sanción multimillonaria y si se activa finalmente la vía penal.
Desde el Ministerio de Trabajo se valora que esta sanción pueda servir como elemento de presión para forzar a Uber a acelerar su transición hacia un modelo laboral regularizado, evitando así que sus directivos se enfrenten a penas de hasta seis años de prisión. No obstante, desde el propio Ejecutivo reconocen que los procesos penales en este ámbito suelen ser largos, como demuestra el caso de Glovo, aún pendiente de resolución judicial definitiva.
