García-Castellón archiva la causa de Tsunami Democràtic tras el varapalo de la Audiencia Nacional
El juez Manuel García-Castellón ha archivado este lunes por la noche la causa de Tsunami Democràtic después de que la sala penal de la Audiencia Nacional haya estimado el recurso de Marta Molina e invalidado todas las diligencias practicadas desde el 29 de julio de 2021, cuando pidió una prórroga de seis meses de la investigación.
El tribunal dio la razón a Molina y considera que la prórroga de García-Castellón fue «extemporánea» y ordena al instructor que decida si continúa con la causa o la archiva. Horas después, el juez se ha pronunciado: causa archivada.
El archivo de la causa beneficia a las 10 personas que estaban siendo investigadas por terrorismo , entre ellas la secretaria general de ERC, Marta Rovira, así como Josep Lluís Alay, Oriol Soler, Xavier Vendrell, Marta Molina, Josep Capmajó, Jesús Rodríguez, Jaume Cabaní, Oleguer Serra y Nicola Flavio. El Supremo aún no ha adoptado ninguna decisión sobre las investigaciones a Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg, que derivaban también de las actuaciones de García-Castellón.
La decisión es especialmente relevante, en términos políticos, para Rovira, secretaria general de ERC. Al decaer la causa de Tsunami, decae también la acusación de terrorismo, que es una de las más graves que han planeado por encima de los dirigentes independentistas.
La dirigente republicana, instalada en Suiza desde la primavera del 2018, contaba con continuar un tiempo más en el exilio hasta que se aclarara el futuro judicial, pero esta novedad puede precipitar el regreso. Un regreso que fue abordado en la cumbre celebrada este fin de semana en Waterloo, teniendo en cuenta que el regreso de los exiliados -también de Puigdemont- formó parte del orden del día.
La tesis del terrorismo
La causa investiga las protestas contra la sentencia del proceso y el juez ha mantenido hasta esta noche la tesis de que se trataría de un delito de terrorismo. En el auto, de 16 páginas, la sala penal sostiene que la prórroga que dictó el instructor el 30 de julio se hizo cuando el plazo ya había expirado, por lo que consideró que era «extemporánea», porque debería haber acordado, como máximo, el 29 de julio. El tribunal ha descartado el argumento de García-Castellón, quien decía que la prórroga de julio de 2021 daba continuidad a la instrucción llevada a cabo hasta entonces.
La decisión de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional es relevante, especialmente para Puigdemont. García-Castellón empezó a investigarlo en noviembre de 2023, justo cuando se estaba negociando la amnistía. La decisión de la sala implica que la investigación que permitió poner el foco en el expresidente ahora queda anulada, porque se basaba en una prórroga ilegal.
La causa de Puigdemont se encuentra ahora en el Tribunal Supremo, que se la quedó porque era aforado como eurodiputado. La exposición de motivos que envió García-Castellón al Supremo también queda en papel mojado.
