Entra en vigor el registro de datos de viajeros con el sector turístico en contra

Nueva normativa de registro en hostelería y servicios: polémica por el control de datos de clientes

Este lunes ha entrado en vigor el nuevo registro obligatorio de datos personales en establecimientos turísticos, agencias de alquiler de vehículos y otros servicios relacionados. La medida ha generado rechazo en el sector hostelero, turístico y político, siendo considerada como excesiva y perjudicial para la privacidad y el turismo.

¿En qué consiste la nueva normativa?

  • Datos a registrar:
    Los establecimientos deben recoger datos personales como:

    • Nombre, sexo, DNI, nacionalidad.
    • Dirección completa, teléfono, correo electrónico.
    • Información de transacciones (fechas de entrada y salida, referencia).
    • Detalles de pago (titular de la tarjeta, fecha de caducidad).
    • Relación de parentesco con menores acompañantes.
  • ¿Quiénes están obligados?
    • Hoteles, hostales, pensiones, casas rurales y campings.
    • Empresas de alquiler de vehículos y plataformas de reservas online.
    • Agencias de viajes y pisos turísticos.

El registro se realiza mediante la plataforma digital Ses.hospedajes, que, según el Ministerio del Interior, ya funciona desde noviembre con datos de 4,8 millones de usuarios y ha permitido localizar a 18.500 personas buscadas por la justicia.

Motivos del Gobierno y respuesta del sector

El Ministerio del Interior defiende que la normativa moderniza los sistemas actuales y mejora la seguridad contra el crimen organizado y el terrorismo, al abordar las nuevas formas de negocio digital. Según el ministro Fernando Grande-Marlaska, el registro no requiere documentación adicional ni verificación por parte de las empresas.

Por su parte, el sector hostelero y turístico señala que:

  • La normativa añade una carga administrativa excesiva y complica la gestión empresarial.
  • Podría desincentivar el turismo, situando a España en desventaja respecto a otros destinos.
  • Existe preocupación por posibles vulneraciones de privacidad y conflictos con las leyes de protección de datos europeas.

Resonancia Política y Reacciones Judiciales

La medida también ha generado un debate político. El Partido Popular, con el apoyo de PNV y Junts, aprobó una moción en el Senado para retrasar su aplicación, pero el Gobierno descartó prorrogarla.

Confederaciones y gremios empresariales han anunciado acciones legales, como:

  • Hoteles y alojamientos turísticos que denuncian una normativa confusa y desproporcionada.
  • Agencias de viajes que critican la duplicidad de datos y posibles conflictos legales.
  • Consell de l’Advocacia Catalana, que advierte de riesgos para la privacidad y el derecho a la protección de datos.

Impacto y futuro

A pesar de las críticas, el Gobierno asegura que la normativa fortalecerá la seguridad ciudadana y permitirá un mayor control en actividades susceptibles de ser utilizadas por el crimen organizado. Sin embargo, el impacto real en el turismo y la operatividad empresarial se evaluará en los próximos meses.

El debate sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad sigue abierto, mientras las empresas y asociaciones afectadas buscan frenar o modificar la normativa en los tribunales.