La obligación del 30% de vivienda protegida en Barcelona recibe el aval definitivo
El Tribunal Supremo ha confirmado la validez de la normativa que obliga a reservar un 30% de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a vivienda protegida en Barcelona. La regulación, impulsada durante el mandato de Ada Colau y que el actual ejecutivo municipal liderado por Jaume Collboni no ha logrado modificar, obtiene así un respaldo judicial firme y definitivo.
La sentencia, difundida este mes de febrero, concluye que el Ayuntamiento tiene capacidad para establecer reservas de techo destinadas a Vivienda de Protección Oficial en suelo urbano consolidado, incluso cuando se trate de actuaciones de rehabilitación integral.
También aplicable a grandes rehabilitaciones privadas
El fallo deja claro que la norma aprobada en 2018 permite exigir a los promotores privados que destinen el 30% de las intervenciones integrales a VPO, aunque se trate de edificios ya existentes. Esto implica que no solo afecta a nuevas construcciones, sino también a proyectos de reforma de gran alcance.
Asimismo, el tribunal determina que los propietarios no pueden rechazar el uso de vivienda protegida previsto en la legislación catalana cuando acometen este tipo de actuaciones urbanísticas.
Una medida que ya había superado otro recurso
No es la primera vez que la regulación supera un examen judicial. En 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ya avaló la medida. En aquella ocasión, la promotora Josel SLU presentó un recurso de casación que ahora ha sido rechazado por el Supremo, consolidando así la vigencia de la norma.
Sin derecho a indemnización para las promotoras
La resolución también descarta que el Ayuntamiento de Barcelona deba compensar económicamente a las empresas promotoras por la obligación de destinar parte de sus proyectos a vivienda protegida. Según el alto tribunal, no procede indemnizar las posibles pérdidas derivadas de reservar una parte de la promoción a VPO en lugar de destinarla al mercado libre.
Además, el fallo recalca que la normativa no se limita a casos puntuales, sino que se aplicará de forma general a todas las promociones futuras que encajen dentro de su ámbito urbanístico. De este modo, el Supremo refuerza la seguridad jurídica de una medida clave en la política de vivienda de la capital catalana.
