El juez recrimina a la entidad que denunció a Colau, que deje de impulsar una causa sin fundamento contra el Ayuntamiento
El juez titular del Juzgado de instrucción número 21 de Barcelona que investiga la causa de las subvenciones contra Ada Colau recrimina a la entidad que se querelló contra la alcaldesa que deje de impulsar “una causa general contra el Ayuntamiento de Barcelona”.
La contundente respuesta la recoge un auto dictado este viernes en que el magistrado deniega la realización de nuevas pruebas. La Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, pidió al magistrado proseguir con la investigación y pidió la revisión de todas las subvenciones que fueron concedidas a entidades supuestamente afines a la alcaldesa entre 2014 y 2021.
La Fiscalía ya cargó contra la petición acusando a la entidad de impulsar una investigación “por si acaso” encontraban alguna irregularidad, lo que se conoce como una investigación prospectiva.
En el mismo sentido se expresa el juez que lamenta que la entidad solicite “una investigación puramente prospectiva proscrita por el derecho Penal”. Considera «improcedente e innecesaria» la revisión de todos los convenios y reprocha “que no se puede hacer de las presentes diligencias una causa general contra el ayuntamiento y más tras la declaración de la interventora”.
Tanto el juez como la fiscalía reprochan a la entidad querellante que pretenda hacer «una investigación prospectiva»
El testimonio de la Interventora delegada del área de Servicios sociales del ayuntamiento fue clave para avalar la legalidad y el interés público de las subvenciones que fueron otorgadas por la alcaldesa y su gobierno municipal. Recordó que las ayudas públicas que han sido cuestionadas se venían adjudicando desde la etapa del anterior alcalde, el convergente, Xavier Trias.
La contundencia con la que el juez y la fiscalía han rechazado las peticiones de investigación de la entidad querellante han empujado a los abogados de la alcaldesa a pedir por segunda vez el archivo de la causa contra ella.
Consideran que todas las pruebas que se han practicado hasta ahora acreditan que los hechos objeto de instrucción no son constitutivos de delito alguno. “Estamos ante hechos que no tienen relevancia penal”, subrayan. Y agregan que la declaración de la interventora ha “pulverizado” la totalidad de las conclusiones incriminatorias que la acusación popular sostiene en su querella y escritos posteriores”.
