Barcelona concentra la mayor parte de los pisos adquiridos por el Govern para alquiler social
El Govern, a través de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, llevará a cabo esta semana la mayor compra de viviendas sociales de su historia, con un total de 743 pisos adquiridos mediante el derecho de tanteo y retracto. Esta operación, valorada en más de 71 millones de euros, permitirá ampliar considerablemente el parque público de alquiler social en la región.
Casi 500 pisos comprados solo en Barcelona
De las 743 viviendas adquiridas, 487 se encuentran en la ciudad de Barcelona, lo que representa más del 65% del total. Esta cifra convierte a la capital catalana en el epicentro de la operación, con una intervención masiva destinada a garantizar la estabilidad habitacional de cientos de familias vulnerables.
La mayoría de estos pisos están actualmente ocupados por familias que perdieron sus hogares a causa de ejecuciones hipotecarias. Gracias al programa Reallotgem, han podido seguir residiendo en ellos mediante alquiler social, con la Agencia como intermediaria en el pago al propietario.
El resto de Catalunya también se beneficia de la operación
Aunque Barcelona concentra el grueso de la compra, el resto de los pisos se distribuye en diferentes zonas del territorio catalán:
- Camp de Tarragona: 55 viviendas
- Girona: 54 viviendas
- Lleida: 59 viviendas
- Cataluña Central: 43 viviendas
- Penedès: 34 viviendas
- Alt Pirineu y Aran: 5 viviendas
- Terres de l’Ebre: 6 viviendas
En total, casi un centenar de municipios se verán beneficiados por esta medida, que apunta a reforzar el acceso a una vivienda digna en todo el territorio, aunque con una clara prioridad en la capital.
Protección a largo plazo para los inquilinos
La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque, subrayó que los inquilinos podrán seguir viviendo en sus hogares con los mismos contratos de alquiler, brindándoles estabilidad y evitando los riesgos de desahucio frente a una posible venta a fondos de inversión o grandes tenedores.
Paneque también destacó que esta iniciativa permite a la administración proteger a las familias más vulnerables y, al mismo tiempo, optimizar los recursos públicos, ya que se evitarán pagos prolongados de alquiler a terceros y se podrá reinvertir en otras políticas sociales.
