Detenida una mujer en Barcelona por estafar 360.000 euros con una inmobiliaria ficticia durante más de diez años
Una mujer ha sido detenida en Barcelona tras ser acusada de estafar al menos 360.000 euros a más de treinta personas mediante una inmobiliaria ficticia. Desde 2013, la mujer obtenía arras de compraventa y fianzas de alquiler antes de desaparecer, dejando a las víctimas sin vivienda ni dinero.
Los hechos salieron a la luz en 2024, cuando la Unidad de Investigación de la comisaría de Mossos d’Esquadra de Sabadell recibió denuncias en Sabadell y el Baix Llobregat sobre un portal inmobiliario aparentemente legítimo. Las víctimas realizaban transferencias para formalizar contratos de compraventa o alquiler, pero la supuesta agente inmobiliaria desaparecía con el dinero.
Tras un primer operativo en Gavà, Vanesa fue detenida, aunque el juez la dejó en libertad con cargos, lo que le permitió continuar con sus estafas. Más tarde, un nuevo dispositivo en Barcelona llevó a su ingreso en prisión a principios de febrero, tras acumular denuncias por 110.000 euros adicionales.
Inmobiliaria falsa y víctimas vulnerables
El modus operandi de la detenida consistía en crear un portal inmobiliario para aparentar credibilidad, concertar reuniones con las víctimas y aprovechar su situación de vulnerabilidad. Los investigadores consideran probable que no actuara sola, ya que algunas víctimas mencionaron a supuestos colaboradores cuya participación todavía se investiga.
Además, ninguno de los inmuebles ofrecidos pertenecía realmente a los denunciantes, y en muchos casos las estafas eran fianzas de alquiler de pequeñas cantidades, aunque una víctima perdió 70.000 euros en una falsa compraventa.
Alcance del fraude y nuevas denuncias
En total, los Mossos cifran el perjuicio económico en 360.000 euros, aunque la cantidad podría aumentar con nuevas denuncias. Tras su ingreso en prisión, se registraron siete denuncias adicionales por 14.000 euros más, alcanzando un total de 34 víctimas, de las cuales veinte fueron afectadas en la primera fase del fraude, que ascendió a 210.000 euros.
Las autoridades advierten que el número real de afectados podría ser mayor y mantienen abierta la investigación para esclarecer la totalidad de los hechos.
