Liberadas 45 víctimas de explotación laboral en la desarticulación de una red de tráfico de personas
La Guardia Civil y la Policía Nacional, dentro de la operación Tiger, han logrado desmantelar una organización dedicada al tráfico de seres humanos y han liberado a 45 personas explotadas laboralmente en fincas agrícolas de diversas comunidades: Cataluña, Aragón, Castilla y León, Valencia y Extremadura. Esta red estaba especializada en captar y aprovecharse de personas migrantes en situación vulnerable.
Engaños y condiciones deplorables
El grupo criminal engañaba a las víctimas con falsas ofertas de empleo y las mantenía en viviendas insalubres, bajo vigilancia constante y sin la documentación necesaria. Hasta el momento, nueve personas han sido arrestadas, de las cuales tres permanecen en prisión, acusadas de delitos relacionados con tráfico de personas con fines de explotación laboral, falsificación documental y pertenencia a organización criminal.
Más de un año de investigación
La pesquisa comenzó en 2024 tras una inspección en una empresa alimentaria de la provincia de Ávila, donde se detectó a varios temporeros asiáticos viviendo en condiciones precarias dentro de una nave. Esto llevó a la detención de tres personas: un encargado de vigilar a las mujeres y dos responsables de la empresa, quienes se beneficiaban de la explotación de las víctimas.
Hallazgo de trabajadores nepalíes explotados
Simultáneamente, en Valverde de la Vera (Cáceres), se encontró a siete trabajadores nepalíes en situación irregular, laborando con documentos falsificados y viviendo en condiciones extremas, incluso llegando a mendigar.
Detención en Barcelona por extorsión
La investigación conjunta permitió a las fuerzas policiales realizar varios arrestos y liberar más víctimas. En Barcelona, fue detenido un hombre que exigía dinero a un trabajador explotado en Ávila a cambio de su documentación.
Condiciones de vida y pagos forzados
Fuentes policiales informaron que los empleados dormían amontonados en colchones, compartiendo un solo baño, en espacios con graves deficiencias estructurales. Procedentes de Europa del Este, vivían en pobreza extrema y bajo amenaza constante. Además, estaban obligados a pagar 100 euros mensuales al grupo criminal y otros 7 euros diarios para el transporte hasta sus trabajos.
Intermediarios y robo de salarios
En ocasiones, los explotadores actuaban como intermediarios con los dueños de las explotaciones agrícolas, asegurando empleo para sus víctimas pero quedándose con parte de sus salarios, perpetuando así la explotación.
