Denuncian dos residencias de perros por irregularidades y maltrato animal
La Guardia Civil ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona contra dos centros encargados de la recogida de perros abandonados, tras descubrir una serie de irregularidades graves. Entre las prácticas detectadas se encuentran el maltrato animal, falsificación de documentos, ocultación de pruebas e incluso el «tratamiento clandestino de cadáveres», que podrían haber sido incinerados tras ser sacrificados sin justificación alguna.
Las dos residencias estaban gestionadas por la misma organización, que trabajaba para alrededor de cincuenta municipios de la provincia de Barcelona. Aunque se especuló con la relación de los centros con el Ayuntamiento de Barcelona, este ha confirmado que no tiene vinculación alguna con las residencias denunciadas.
La investigación comenzó por denuncias ciudadanas
La investigación fue impulsada por denuncias ciudadanas que alertaron sobre prácticas irregulares en una de las residencias, dedicadas a la recogida de animales abandonados. El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) detectó indicios de que estas instalaciones se utilizaban para ocultar casos de maltrato, desapareciendo pruebas, como los cadáveres de los animales. La falta de documentación adecuada dificultó que el caso trascendiera más allá del ámbito administrativo en sus primeras fases.
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Una organización que se lucraba con la gestión de cadáveres
El caso cobró nueva fuerza cuando la Fiscalía de Medio Ambiente (FAADA) presentó pruebas documentales de maltrato en una segunda residencia vinculada a la misma organización. Gracias a la operación Relicta, se logró confirmar los abusos, falsificaciones y la gestión irregular de los cuerpos de los animales. Se descubrió que la organización obtenía beneficios tanto de los contratos con los ayuntamientos como de la gestión de los cadáveres.
Condiciones laborales y maltrato animal en el centro
En el proceso de investigación, cinco empleados de las residencias declararon sobre las condiciones dentro de los centros, revelando casos alarmantes, como perros que perdieron hasta el 39% de su peso en tres meses debido a la mala alimentación y abandono, o cachorros sacrificados sin justificación alguna tras nacer.
Además, se descubrió que la plantilla de ambos centros estaba obligada a firmar contratos de confidencialidad, lo que dificultaba la supervisión externa. La organización no aceptaba voluntarios, lo que incrementaba la opacidad en cuanto al trato a los animales.
