Ayuntamiento y Generalitat coordinan la implementación del régimen sancionador en vivienda
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha instado al Gobierno de la Generalitat a colaborar en el despliegue del régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de la contención de rentas en el alquiler de viviendas y el correcto uso del alquiler de temporada.
Este régimen sancionador, aprobado por la Generalitat mediante un Decreto ley de medidas urgentes, otorga la capacidad de sancionar los alquileres que superen la renta máxima definida por el índice de precios de arrendamiento.
Colaboración entre Administraciones
En Barcelona, las competencias en materia de vivienda son gestionadas a través del Consorcio de la Vivienda Social. En este contexto, el Ayuntamiento se compromete a actuar con rapidez para evitar que los contratos de alquiler incumplan la normativa vigente.
El nuevo Decreto ley modifica preceptos de la Ley del Derecho a la Vivienda y del Código de Consumo de Cataluña, asignando la competencia sancionadora exclusivamente a la Generalitat. Por ello, Collboni ha instruido a los servicios municipales para que trabajen coordinadamente con la Generalitat y proporcionen los recursos necesarios para la correcta aplicación de la norma.
Lucha contra la especulación y la vivienda inasequible
Collboni ha declarado que «No tenemos tiempo que perder en la lucha por una vivienda digna y asequible. Necesitamos poner todas las políticas públicas al servicio de este objetivo, sobre todo para ayudar a las clases medias trabajadoras y a los jóvenes de nuestra ciudad». Además, ha reiterado que «En Barcelona la vivienda debe estar para vivir, no para hacer negocio».
El gobierno municipal tiene como prioridad garantizar el acceso a una vivienda digna y accesible para la ciudadanía. Se busca, además, ampliar el parque público de vivienda protegida y eliminar los más de 10.000 pisos turísticos antes de 2028 para destinarlos a uso residencial.
Sanciones por Incumplimiento del Régimen
Infracciones muy graves:
- Cuando el precio de alquiler supere en más del 30% el índice de referencia.
- Cuando no se especifique la finalidad del contrato.
- Cuando se haga un uso fraudulento del alquiler de temporada para residencia permanente.
- Cuando al inquilino se le cobren gastos de gestión.
- Sanción: entre 90.000 y 900.000 euros.
Infracciones graves:
- Cuando el precio de alquiler supere hasta un 30% el índice de referencia.
- Cuando en el contrato no se haga referencia al índice de precios o al importe de la renta anterior.
- Sanción: entre 9.000 y 90.000 euros.
Este nuevo marco normativo permite al Ayuntamiento y a la Generalitat luchar de manera efectiva contra el fraude en los alquileres y garantizar un acceso más equitativo a la vivienda.
