La presión social, del ayuntamiento y el Govern, frena un desalojo en Gràcia
El intento de desahucio en un edificio situado en la calle Sant Agustí, en el barrio de Gràcia, ha quedado temporalmente suspendido gracias a la presión del vecindario. La comitiva judicial se presentó a primera hora de la mañana y, tras un proceso de diálogo con el inquilino afectado, el sindicato de inquilinos y los servicios municipales de mediación, se acordó posponer la actuación hasta el 15 de abril.
Este aplazamiento se produce mientras se abre la vía de mediación institucional para buscar una solución entre residentes y propiedad, representada por un fondo extranjero. Durante la jornada, cientos de personas se concentraron frente al inmueble con el objetivo de impedir el desalojo.
Rechazo institucional y medidas legales en marcha
La situación ha generado una respuesta contundente por parte de las administraciones públicas, tanto autonómicas como municipales. Desde el Govern se ha manifestado una oposición clara al desahucio, señalando que se trata de prácticas abusivas que vulneran el derecho de los vecinos a permanecer en su entorno.
Además, se ha comunicado la activación de todos los mecanismos legales disponibles para proteger a los residentes, así como actuaciones dirigidas contra posibles irregularidades por parte de la propiedad.
En paralelo, desde el área de vivienda de la Generalitat se ha anunciado la apertura de expedientes tras detectar posibles incumplimientos normativos relacionados con el precio del alquiler. Estas infracciones podrían derivar en sanciones económicas significativas para cada vivienda afectada. Aun así, se reconoce que la capacidad de actuación administrativa tiene límites cuando interviene una orden judicial.
El papel del Ayuntamiento y el conflicto con los ‘colivings’
El Ayuntamiento de Barcelona también ha mostrado un rechazo firme a este tipo de operaciones inmobiliarias, calificándolas de especulativas e inadmisibles. Desde el consistorio se ha insistido en que las viviendas deben destinarse a uso residencial y no a modelos como los ‘colivings’.
En este sentido, se recuerda que el edificio ya ha sido sancionado en varias ocasiones por este motivo, evidenciando un conflicto prolongado entre la administración local y la propiedad. Asimismo, se respalda la mediación como vía para evitar la expulsión de los vecinos.
El caso de Txema Escorsa y la situación del edificio
El primer afectado por el desahucio es un profesor de 31 años, residente en el inmueble, cuya situación ha simbolizado el conflicto. La finca fue adquirida recientemente por un fondo inversor que, según denuncian los vecinos, ha optado por no renovar los contratos de alquiler con el objetivo de vaciar el edificio.
La intención sería reformar las viviendas y destinarlas a habitaciones en régimen de ‘coliving’, con precios elevados que multiplicarían el coste actual de los alquileres. Este cambio de modelo ha provocado una reducción notable de residentes, pasando de varias familias a apenas unos pocos hogares en la actualidad.
Las organizaciones en defensa del derecho a la vivienda subrayan que los vecinos han intentado negociar sin éxito, aunque mantienen su disposición a alcanzar un acuerdo que garantice la permanencia de todos los residentes mediante mediación institucional.
