La Sindicatura denuncia fallos graves en el transporte escolar adaptado de Barcelona
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha advertido de que el derecho al transporte escolar adaptado para menores con discapacidad no está suficientemente garantizado en la ciudad. La institución ha llegado a esta conclusión tras analizar cuatro quejas ciudadanas que evidencian denegaciones reiteradas del servicio a niños y niñas que, pese a cumplir los requisitos establecidos, no han podido acceder a este recurso esencial para acudir a la escuela en igualdad de condiciones.
Los expedientes analizados corresponden a menores de entre 8 y 12 años con grados de discapacidad iguales o superiores al 65%, algunos de ellos con baremo de movilidad y situaciones de dependencia reconocida, que no pueden utilizar el transporte público ordinario.
Tres de los casos afectan a familias residentes en Barcelona con hijos escolarizados en centros de educación especial alejados de su domicilio. El cuarto corresponde a un menor de fuera del municipio que debe desplazarse a un centro de la ciudad por falta de oferta educativa adaptada en su entorno.
En todos los casos, las familias solicitaron el servicio de transporte escolar adaptado y la respuesta fue negativa. Las denegaciones se justificaron principalmente por la falta de rutas disponibles o por interpretaciones restrictivas de la normativa, como la supuesta inexistencia de obligación de cubrir desplazamientos dentro del mismo municipio.
Un derecho reconocido, pero mal aplicado
La Sindicatura recuerda que la normativa vigente contempla tres modalidades de acceso al transporte escolar: rutas específicas de transporte discrecional, uso del transporte público regular y, de forma subsidiaria, ayudas individuales de desplazamiento cuando no sea posible establecer una ruta.
Sin embargo, la institución denuncia que este último mecanismo, previsto precisamente para garantizar el servicio en casos complejos, no se está aplicando de forma efectiva. En particular, señala que no existe un procedimiento claro ni accesible para tramitar estas ayudas, lo que deja a muchas familias sin alternativas reales.
Negativas que pueden vulnerar derechos
Las resoluciones concluyen que las denegaciones analizadas no se ajustan suficientemente a derecho y pueden generar situaciones de desigualdad. La falta de rutas o las dificultades logísticas para crearlas, advierte la Sindicatura, no pueden justificar por sí solas la negativa a prestar el servicio, especialmente cuando los menores acreditan limitaciones de movilidad que les impiden utilizar el transporte ordinario.
Además, subraya que los menores afectados cumplen los requisitos legales: bien porque han sido escolarizados por decisión de la propia Administración en centros alejados de su domicilio, o bien porque no existe un centro adecuado en su municipio y deben desplazarse obligatoriamente a otra localidad.
Falta de respuesta y mala praxis administrativa
La Sindicatura también pone el foco en las deficiencias del procedimiento administrativo. En los cuatro casos analizados, las familias no recibieron ninguna resolución oficial ni comunicación directa de la Administración. En lugar de ello, supieron que el servicio había sido denegado a través de los propios centros educativos.
La institución considera que esta práctica vulnera los principios de buena administración y contraviene la obligación legal de emitir resoluciones expresas y notificarlas correctamente a las personas interesadas, dificultando así el ejercicio y la defensa de sus derechos.
La Sindicatura exige cambios inmediatos
Ante esta situación, la Sindicatura insta al Consorci d’Educació de Barcelona a adoptar medidas urgentes para garantizar de forma efectiva el derecho al transporte escolar adaptado, asegurando todas las modalidades previstas por la normativa, incluidas las ayudas individuales cuando no sea posible establecer rutas.
Asimismo, reclama una revisión del procedimiento administrativo para garantizar resoluciones expresas, motivadas y notificadas correctamente a las familias.
Una pieza clave para garantizar el derecho a la educación
La Sindicatura concluye que el transporte escolar adaptado es una herramienta esencial para garantizar el derecho fundamental a la educación de los menores con discapacidad. Por ello, advierte de que las disfunciones detectadas pueden derivar en vulneraciones de derechos y en situaciones de desigualdad que afectan directamente a la infancia más vulnerable.
La institución reclama que las administraciones sitúen las necesidades de estos menores en el centro de sus decisiones y garanticen, de forma plena y efectiva, el acceso a un transporte escolar adaptado y gratuito para todos los niños y niñas con discapacidad que acrediten dificultades de movilidad.
