Dificultades añadidas para las personas migrantes al buscar vivienda en alquiler
Un estudio revela que las personas migrantes enfrentan obstáculos adicionales al momento de buscar un piso de alquiler y concluye que, aunque pagan rentas similares, viven en condiciones más precarias. Esta conclusión proviene del informe El precio del prejuicio. Inmigración y vivienda de alquiler, publicado por IDRA, que analiza la situación de la población extranjera en Barcelona.
Discriminación y hacinamiento en la vivienda
Según el estudio, los inmigrantes sufren más abusos y discriminación y suelen vivir en espacios más confinados que los arrendatarios autóctonos. Por ejemplo, un 13,1% no cuentan con contrato formal, solo un acuerdo verbal, el doble que en el caso de la población española (7%). Además, el hacinamiento es mayor: en el 42,5% de los casos conviven tres o más personas, frente al 34% entre los autóctonos.
Diferencias en modalidades de alquiler y composición de hogares
Mientras que el 21,4% de los inquilinos españoles alquilan solo una habitación, este porcentaje sube hasta un 36,6% en el caso de los extranjeros. Entre los españoles, el 20,9% vive solo y la mayoría (57,6%) reside en familia. Por el contrario, en la población extranjera estas cifras descienden a 15,7% y 47,7%, respectivamente.
Deficiencias en las condiciones de las viviendas de inmigrantes
Los pisos donde viven inmigrantes presentan mayores deficiencias que los de los españoles. Los problemas más comunes son el mal aislamiento térmico y acústico, la necesidad de reformas y la falta de calefacción adecuada. Además, estos hogares sufren más de plagas, humedad y mala ventilación.
Abusos por parte de los propietarios
Un 22,4% de los inmigrantes ha experimentado algún abuso del propietario, y un 19,2% ha sufrido dos o más, cifras superiores a las de los inquilinos españoles (15,7% y 16,3%, respectivamente). Cerca del 7% ha recibido amenazas para abandonar la vivienda forzosamente, en comparación con el 5% de los autóctonos. Más de un 25% de los propietarios se niegan a reparar daños importantes, cinco puntos porcentuales más que en viviendas alquiladas por españoles.
Precio similar, pero peor calidad y mayor esfuerzo económico
A pesar de las condiciones más precarias, los precios promedio del alquiler no difieren mucho entre españoles y extranjeros. En Barcelona, los inmigrantes pagan incluso un poco más: 853,93 euros frente a 830,04 euros. Esto refleja cómo la población migrante abona un precio “desproporcionado” por viviendas de menor calidad, según IDRA.
Asimismo, el esfuerzo económico para cubrir alquiler y suministros es significativamente mayor para los extranjeros, con un 45,6% de sus ingresos destinados a este fin, en comparación con el 36,94% de los autóctonos. El 33,9% de la población migrante en Barcelona tiene ingresos netos individuales inferiores a 1.050 euros, frente al 19,4% de los españoles.
Retrasos en el pago y recurrencia al alquiler de habitaciones
El informe indica que un 10,4% de la población extranjera ha tenido retrasos en el pago del alquiler en el último año en Barcelona, frente al 6,1% de los autóctonos. Además, un 13,7% alquila habitaciones, comparado con el 7,5% de los españoles. Los autores explican que esto responde a las dificultades económicas y al deseo de evitar que familiares y conocidos sufran un proceso “agotador y discriminatorio” para acceder a una vivienda formal.
Según IDRA, las familias migrantes están más obligadas a recurrir a inmobiliarias (43,5%) que las españolas (38,6%) para acceder al mercado de alquiler.
Contexto general y representatividad
El estudio también destaca que el 70% de la población migrante en España es inquilina, representando el 35% del total de hogares alquilados en ciudades como Barcelona y Madrid. En Barcelona, el 35,5% de los inquilinos son inmigrantes, frente al 64,5% de nacionalidad española. Uno de cada tres inmigrantes no tiene otra opción que alquilar habitaciones.
Recomendaciones para reducir la discriminación y mejorar la vivienda
Entre las medidas propuestas se incluyen:
- Ampliar las inspecciones para proteger a inquilinos en situación de infrahabitatge o hacinamiento y responsabilizar a los propietarios.
- Promover campañas de concienciación sobre los derechos de los inquilinos.
- Facilitar el acceso a servicios legales y de mediación para los arrendatarios vulnerables.
- Implantar un padrón universal para disminuir la inseguridad residencial.
- Crear un marco armonizado entre comunidades autónomas y un registro estatal único de contratos.
- Promover políticas en línea para proteger a los inquilinos de abusos y subidas descontroladas del alquiler.
