Cualquier usuario en riesgo del Área Metropolitana de Barcelona podrá activar las cámaras de vigilancia de la vía pública
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) está desarrollando una aplicación móvil que informará a la ciudadanía sobre situaciones de riesgo, como atascos, protestas, cortes de tráfico o emergencias. Pero también permitirá una respuesta activa por parte del ciudadano: quien se sienta en peligro podrá utilizar un botón de pánico, lo que alertará a las autoridades, activará su geolocalización y pondrá en marcha cámaras de videovigilancia públicas y privadas cercanas.
Además, el sistema permitirá generar modelos predictivos para mejorar la seguridad y planificar políticas urbanas más eficaces.
Un proyecto ambicioso con críticas en materia de privacidad
La propuesta, ya aprobada por el AMB y que se espera licitar antes del verano para lanzarse en 2026, ha provocado preocupación entre expertos en privacidad y datos personales. Aunque el proyecto todavía está en fase preliminar, la Autoritat Catalana de Protecció de Dades advierte que su implementación requerirá un estricto cumplimiento legal, especialmente en lo relacionado con el uso de inteligencia artificial.
Aun así, Antonio Balmón, vicepresidente ejecutivo del AMB y alcalde de Cornellà, resta importancia al debate: “Hoy el uso de cámaras está regulado y aceptado. En Cornellà, siempre se aprueban presupuestos para instalar más”.
Inspiración local con experiencia previa
El sistema toma como referencia una aplicación existente llamada M7 Citizen Security, desarrollada por la empresa Einsmer, con sede también en Cornellà. Este sistema ya se utiliza en varios municipios del área metropolitana, como Castelldefels, Esplugues, L’Hospitalet o Sant Boi, y también en localidades como Vic, Olot o Palafrugell.
Con solo registrarse, el usuario puede activar el sistema, ser localizado y permitir el acceso a las cámaras cercanas.
Un sistema colaborativo y basado en tecnología
El objetivo es interconectar cámaras privadas y públicas, incluyendo aquellas instaladas por comercios que cumplan con la normativa. “No es solo seguridad, sino un nuevo canal entre ciudadanía e infraestructuras”, afirma José Antonio Gallego, CEO de Einsmer. Añade que la videovigilancia es solo un componente del sistema y que se trata de cámaras autorizadas.
Gallego lo resume como una herramienta de autoprotección: “Si no nos conectamos, ganan los malos”.
Regulación y control institucional
Todas las cámaras públicas en la vía son aprobadas anualmente por la Comisión de Control de Dispositivos de Videovigilancia de Catalunya (CCDVC). Una fuente de esta comisión señala que el riesgo reside más en quién controla las cámaras que en su existencia. Usarlas de forma preventiva, sostiene Gallego, podría mejorar la seguridad antes de que ocurran los incidentes.
Cornellà, el laboratorio del sistema
Cornellà, con 91.000 habitantes, fue el primer municipio en implementar M7, y actualmente cuenta con 40.825 usuarios registrados, de los cuales 9.111 están clasificados como vulnerables. Emilia Briones, teniente de alcalde de seguridad, destaca su utilidad: “Podemos localizar ancianos perdidos o víctimas de violencia de género con un solo clic”.
La aplicación también permite acceder a bibliotecas 24/7, activar alarmas discretas en centros de salud o bancos, o programar alertas preventivas. “Más allá de errores puntuales, el uso es muy responsable”, añade Briones.
Proyecto en evolución y con estructura mixta
El AMB trabaja con prudencia en un proyecto complejo, que se articulará a través de una sociedad de economía mixta con un 51% de participación pública. El lanzamiento se estima en 6,1 millones de euros, con un coste de mantenimiento hasta 2030 de casi 14 millones.
La estructura prevé que el socio privado pueda comercializar el sistema fuera del AMB. Se espera que genere ingresos adicionales mediante desarrollos personalizados para otras administraciones.
Dudas sobre el acceso, la edad mínima y la legalidad
El Ayuntamiento de Barcelona ha planteado objeciones sobre la edad mínima para usar la app, fijada en 14 años, aludiendo que muchas aplicaciones exigen al menos 16. Además, hay voces jurídicas que cuestionan la legalidad del proyecto, ya que la seguridad no es una competencia directa del AMB.
Para evitar conflictos, el proyecto se presenta como un “servicio de innovación comunitaria”, aunque la palabra seguridad aparece más de 600 veces en sus documentos internos.
Licitaciones específicas y posible exclusividad
El AMB ha contratado a consultoras como Enzyme y PwC para buscar socios tecnológicos. Aunque Einsmer ha sido clave en el desarrollo del modelo, aún no ha confirmado si participará en la licitación.
Cornellà ha adjudicado recientemente un nuevo contrato con Einsmer por 542.266 euros, mediante una licitación sin publicidad alegando que no existen competidores con la misma capacidad técnica. Otros municipios, como Manlleu o Gavà, han seguido el mismo camino.
