Más control del alquiler: 100 inspectores reforzarán la contención de rentas en Catalunya
El Consejo Ejecutivo ha aprobado ampliar la plantilla del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica con 100 nuevos inspectores de vivienda. El objetivo es gestionar las funciones derivadas de la declaración de zonas de mercado residencial tensado y asegurar la correcta aplicación de la normativa de contención de rentas.
Asimismo, se han aprobado 19 nuevos puestos en la Agència Catalana del Consum (ACC) para reforzar la supervisión de las relaciones de consumo en el ámbito de la vivienda.
Garantizar el acceso a la vivienda digna
El acceso a una vivienda asequible es un reto prioritario del Gobierno, que busca dotar a las autoridades de los recursos suficientes para aplicar el régimen de contención de rentas, prevenir prácticas fraudulentas y proteger los derechos de las personas arrendatarias.
Las medidas se aplican a anuncios y ofertas de viviendas para residencia habitual, así como a los contratos de alquiler firmados a partir del 30 de enero de 2025 en zonas de mercado tensado.
Refuerzo del régimen sancionador y funciones de la ACC
La nueva normativa aumenta significativamente las tareas de inspección y la instrucción de expedientes sancionadores, que deben ser realizadas por personal funcionario. Esto justifica la ampliación de la plantilla de la Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Por su parte, la Agència Catalana del Consum garantiza que las empresas inmobiliarias respeten el derecho de los consumidores a recibir información veraz sobre los precios de alquiler, evitar cláusulas abusivas y prácticas desleales, como imponer contratos temporales cuando la vivienda es para uso permanente.
Marco legal y objetivos
El Acuerdo de Govern de 15 de octubre de 2024 y el Decreto ley 1/2025, de 28 de enero, establecen el régimen sancionador para asegurar el cumplimiento de la Ley 12/2023 y de la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
El régimen de contención de rentas busca equilibrar el interés patrimonial del arrendador con la función social de la vivienda, protegiendo los derechos de las personas arrendatarias en zonas de mercado residencial tensado.
