Luz verde a las pistolas eléctricas en Barcelona: la Guardia Urbana tendrá un nuevo protocolo de uso
Barcelona avanza en la regulación de las pistolas eléctricas. El Ayuntamiento ha aprobado inicialmente el reglamento que regula el uso de los dispositivos conductores de energía (DCE) por parte de la Guàrdia Urbana, una herramienta que se incorpora como recurso intermedio entre la defensa extensible y el arma de fuego.
La nueva normativa establece un marco claro de actuación, formación obligatoria y mecanismos de control, y abre ahora un periodo de exposición pública antes de su aprobación definitiva.
El reglamento delimita de forma estricta cuándo pueden utilizarse estos dispositivos. Solo estarán permitidos en escenarios de riesgo elevado para la vida o la integridad física, tanto de los agentes como de terceras personas o de la propia persona implicada.
Entre estos supuestos se incluyen agresiones violentas, amenazas con armas o situaciones críticas como intentos de autolesión. Antes de recurrir a esta herramienta, los agentes deberán priorizar siempre la mediación, el diálogo y la desescalada, y advertir previamente del posible uso del dispositivo.
Restricciones claras y colectivos protegidos
La normativa introduce limitaciones concretas para evitar un uso indebido. Queda prohibido utilizar los DCE sobre personas inmovilizadas o esposadas bajo custodia, así como en casos de resistencia pasiva.
Además, no podrán emplearse de forma general sobre menores de 14 años, mujeres embarazadas, personas mayores o especialmente vulnerables, salvo en situaciones excepcionales donde exista un peligro grave e inmediato.
El texto también fija criterios técnicos: cada descarga no podrá superar los cinco segundos y deberá limitarse al mínimo imprescindible para neutralizar la amenaza.
Formación obligatoria y especializada
El acceso a estos dispositivos estará restringido. Solo podrán utilizarlos agentes de carrera que hayan superado una formación específica y desempeñen funciones operativas o de mando.
El plan formativo incluye aspectos legales, operativos y de seguridad, así como primeros auxilios y uso de desfibriladores. También incorpora formación en gestión de بحرانes de salud mental, con el objetivo de reforzar las técnicas de contención y reducción de conflictos.
Control total: registro, cámaras y trazabilidad
Uno de los pilares del reglamento es la transparencia. Todos los usos de los DCE deberán quedar registrados y grabados, tanto por los propios dispositivos como por cámaras personales de los agentes.
Los sistemas tecnológicos permitirán documentar datos como la hora de activación, número de descargas y duración, garantizando la trazabilidad completa de cada intervención.
Tras cada uso, será obligatorio activar asistencia sanitaria, preservar pruebas y documentar detalladamente la actuación.
Evaluación continua y supervisión pública
El despliegue de los DCE estará sometido a control permanente. Un órgano interno elaborará informes anuales con datos sobre su uso, incluyendo tipología de incidentes, contexto y perfil de las personas implicadas.
Estos informes se trasladarán al gobierno municipal, a la Sindicatura de Greuges y se harán públicos siguiendo criterios de transparencia.
Además, el reglamento contempla una evaluación específica durante el primer año para analizar su funcionamiento y ajustar protocolos, formación o despliegue si fuera necesario.
Con esta normativa, Barcelona incorpora una herramienta controvertida pero cada vez más extendida en cuerpos policiales. El objetivo es ampliar los recursos operativos sin recurrir al uso de armas de fuego, garantizando al mismo tiempo controles estrictos y protección de los derechos de la ciudadanía.
