El Govern asegura el respaldo de los Comunes a las cuentas y busca ahora el apoyo de ERC
El president de la Generalitat, Salvador Illa, y la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, formalizan este jueves en el Palau de la Generalitat un acuerdo sobre los presupuestos autonómicos, tras superar el principal escollo de la negociación: la prohibición de la compra especulativa de vivienda. Este entendimiento permite al ejecutivo catalán centrar ahora sus esfuerzos en lograr el respaldo de Esquerra Republicana de Catalunya, que mantiene su distancia hasta obtener garantías en materia de recaudación del IRPF.
Las conversaciones con los Comunes, desarrolladas a lo largo de dos semanas, han avanzado con rapidez y han dado lugar a compromisos adicionales, como un plan de choque contra el sinhogarismo y nuevas ayudas destinadas a la adquisición de productos menstruales y preservativos. Sin embargo, el núcleo de la negociación ha girado en torno a las políticas de vivienda y al futuro del servicio de Cercanías.
En el ámbito residencial, el acuerdo contempla la ampliación de las ayudas al alquiler para rentas de hasta 36.279 euros, así como una futura modificación de la ley de urbanismo destinada a limitar la compra de inmuebles con fines especulativos.
Avances en el traspaso de Rodalies
Respecto al sistema ferroviario de Cercanías, el pacto incluye un nuevo impulso al proceso de traspaso de competencias. La empresa mixta prevista asumirá progresivamente nuevas líneas, más allá de la R1, y se prevé que este mismo año se inicie el procedimiento para transferir también la gestión de las líneas R3, R2 Sur, R4 Norte y R16. El modelo aplicado en la línea del Maresme servirá como referencia para las siguientes fases de este proceso.
Además, el Govern y los Comunes han acordado que la Generalitat asuma la ejecución directa de determinadas obras en la red ferroviaria, en paralelo al consorcio de inversiones que se está ultimando con el Gobierno central en Madrid, una negociación en la que participan también los republicanos.
ERC mantiene sus exigencias fiscales
Aunque la intención inicial del Ejecutivo era aprobar los presupuestos antes del 31 de marzo, el calendario dependerá del posicionamiento final de ERC. Las conversaciones en torno al consorcio de inversiones han evolucionado favorablemente, pero persiste un punto clave: el control sobre la recaudación del IRPF.
Los republicanos habían planteado inicialmente la aprobación de una proposición de ley específica en el Congreso, opción finalmente descartada en favor de introducir garantías mediante enmiendas vinculadas al nuevo modelo de financiación autonómica, que aún carece de apoyos suficientes en la cámara baja.
Unas cuentas decisivas para el mandato
De prosperar el acuerdo, se trataría de los primeros presupuestos aprobados por Salvador Illa desde su llegada al Govern en 2024. Durante su primer año de mandato, las discrepancias con ERC impidieron sacar adelante nuevas cuentas, mientras que los presupuestos vigentes fueron aprobados en 2023 por el entonces presidente Pere Aragonès con el respaldo del propio Illa, que ejercía como jefe de la oposición.
El intento de aprobar las cuentas de 2024 fracasó tras el rechazo de los Comunes, circunstancia que desembocó en la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas.
Un calendario político cada vez más ajustado
La aprobación de los presupuestos de 2026 resulta estratégica para el actual Ejecutivo, especialmente ante la proximidad de futuros ciclos electorales. El año 2027 estará marcado por comicios municipales y, previsiblemente, por elecciones generales si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no opta por adelantarlas.
En este contexto, el margen para cerrar acuerdos presupuestarios podría reducirse notablemente en los próximos ejercicios, dado que 2028 será también año electoral en Cataluña, lo que dificultaría el apoyo parlamentario a nuevas cuentas en un entorno de competición política.
