Detectan 17 edificios que no cumplen con el 30% obligatorio de vivienda asequible
El Ayuntamiento de Barcelona ha detectado 17 edificios en los que se han realizado obras que han incumplido la obligación de destinar a vivienda asequible el 30% de los pisos hechos.
Desde diciembre de 2018, está en vigor el planeamiento urbanístico previsto en esta reserva obligatoria para promociones de nueva construcción o de reforma integral de más de 600 m² de techo, con la voluntad de incrementar el parque de vivienda asequible de la ciudad.
Ahora, se han identificado infracciones de la normativa, y el consistorio ha iniciado las actuaciones pertinentes para recuperar los pisos de protección oficial que tocan por ley y para imponer las sanciones que correspondan.
Tres años y medio después de la aplicación de la norma, el Ayuntamiento ha realizado una campaña de inspección para detectar posibles incumplimientos. En total, se han analizado e inspeccionado 1.368 fincas con permisos de obras entre enero de 2019 y abril de este año.
Como resultado, se han encontrado 138 casos de obras no ajustadas a la normativa vigente, donde se han encontrado irregularidades importantes como segregaciones de pisos, cambios de uso y otras intervenciones sin título habilitado.
Del total de casos de incumplimientos, 17 deberían haber aplicado la reserva del 30% de vivienda asequible, pero se la han saltado.
Para evitar la aplicación de la medida, en la mayoría de ocasiones el promotor no ha solicitado una única licencia de gran rehabilitación para realizar una actuación global para todo el edificio, tal y como correspondería según la Ordenanza reguladora de los procedimientos de intervención municipal en las obras (ORPIMO).
En lugar de ello, ha tramitado varios permisos para realizar diferentes actuaciones, como redistribución de espacios, reformas en pisos concretos, la rehabilitación de la fachada, etc.
Decálogo de Barcelona por el derecho a la vivienda
Respuesta municipal
Ante estos graves hechos, el Gobierno municipal ya trabaja en varias líneas. En primer lugar, se exige a los promotores que restablezcan la legalidad urbanística. Por tanto, será necesario que soliciten la licencia que corresponda y se adecuen a los requerimientos correspondientes.
En los casos de incumplimiento del 30%, se les reclamará que materialicen las viviendas protegidas que han sorteado. Si los pisos pueden dedicarse directamente a vivienda asequible, se les dará esta calificación. Y si no es posible, sea porque ya han sido vendidos o por otros motivos, se trabajará la opción prevista por el planeamiento del 30% de crear los pisos en otro inmueble del mismo barrio.
En paralelo, se incoarán sanciones para que no se vuelva a repetir la situación. En los casos de incumplimiento del 30%, el Ayuntamiento aplicará la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña, que contempla sanciones para infracciones muy graves que van desde 90.000€ hasta 900.000€.
