La expansión de la cotorra argentina y su impacto en Barcelona
En los últimos años, Barcelona ha registrado un notable aumento de la población de cotorra argentina, una especie que se ha expandido con rapidez por distintos barrios de la ciudad. El crecimiento acelerado de esta especie ha provocado diversas molestias, especialmente por el ruido generado en torno a los nidos comunitarios. Además, se han detectado posibles impactos sobre la fauna autóctona.
A todo ello se suma el riesgo estructural que representan los nidos. Las estimaciones municipales sitúan la probabilidad de caída en torno al 28 %. Como consecuencia, se llevan a cabo unas 230 intervenciones anuales relacionadas con ramas rotas por el peso de los nidos o con la retirada de estructuras que presentan peligro inminente de desprendimiento.
Elaboración de un informe técnico municipal
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Barcelona encargó la redacción de un informe técnico para analizar el problema desde distintos enfoques, incluyendo las posibles medidas de control de la población de cotorra argentina.
El documento, accesible públicamente, define un marco técnico de referencia que será debatido dentro del grupo de trabajo promovido por el Gobierno de la Generalitat. El objetivo es alcanzar acuerdos sobre las políticas de seguimiento y control de esta especie.
Coordinación entre administraciones en Cataluña
En Catalunya, la administración competente en esta materia es la Generalitat, que impulsa la creación de un grupo de trabajo para desarrollar un plan estratégico de control de la cotorra argentina. En este órgano participan el Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana y otros municipios que se han sumado a la iniciativa.
Marco legal y obligación de control de la especie
Desde la publicación, el 2 de agosto de 2021, del Real decreto 630/2013, que regula el Catálogo de especies exóticas invasoras, la cotorra argentina (Myiopsitta monachus) quedó incluida en dicho listado. Como consecuencia, las actuaciones locales relacionadas con su gestión deben ajustarse a los criterios establecidos por el Ministerio y las comunidades autónomas.
Esta normativa supone un cambio en el enfoque de gestión que se venía aplicando hasta entonces, al introducir la obligación de controlar la población de la especie. El nuevo marco jurídico establece que su erradicación debe basarse en estrategias de control previamente elaboradas por el Ministerio, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
