Barcelona prevé elevar hasta 24 euros el recargo a los cruceristas de corta estancia
El Plenario del Consejo Municipal de Barcelona ha aprobado inicialmente una subida progresiva del recargo turístico aplicado a los cruceristas de corta estancia, aquellos que permanecen en la ciudad durante menos de 12 horas. La propuesta contempla que el importe pueda alcanzar los 24 euros en 2030 y deberá superar ahora el periodo de información pública antes de volver al Plenario para su aprobación definitiva.
La medida ha salido adelante con los votos de Junts, PSC y ERC, mientras que BComú, PP y Vox han votado en contra. Si completa toda la tramitación prevista, el nuevo sistema podría comenzar a aplicarse a partir de abril de 2027.
El Ayuntamiento plantea esta modificación como una herramienta para gestionar y desincentivar el turismo de cruceros de corta duración, una modalidad que considera especialmente vinculada a un uso intensivo de determinados servicios y espacios de la ciudad. La propia estrategia municipal de gestión turística ya contemplaba revisar la fiscalidad de este tipo de visitantes.
Una subida gradual hasta 2030
El incremento no se aplicaría de golpe, sino mediante un calendario progresivo hasta 2030. Según el planteamiento municipal, este sistema permitiría dotar a la modificación de una mayor seguridad jurídica y aplicar el aumento de forma gradual, siguiendo las recomendaciones recogidas en un informe del Consejo Tributario.
El Ayuntamiento calcula que, si el volumen de cruceristas de corta estancia se mantuviera estable, la recaudación podría situarse en torno a 23,7 millones de euros anuales a partir de 2030.
La propuesta se incorpora así a las diferentes medidas impulsadas por Barcelona en los últimos años para modificar la gestión de la actividad turística y sus efectos sobre la ciudad.
Los albergues de juventud mantienen el recargo de 4 euros
En la misma sesión, el Plenario ha aprobado definitivamente una medida relacionada también con la fiscalidad turística: mantener en 4 euros el recargo municipal aplicado a los albergues de juventud.
La modificación establece una figura específica para este tipo de establecimientos, de manera que el importe no se vea afectado por el incremento aplicado desde abril de este año al resto de alojamientos turísticos.
La propuesta ha recibido el respaldo de Junts, PSC y ERC, mientras que BComú, PP y Vox han votado en contra.
Rechazo al aumento del IBI para los inmuebles de ocio y hostelería
El Plenario también ha rechazado finalmente otra modificación fiscal que planteaba elevar el IBI diferenciado de Ocio y Hostelería del 1,17% al 1,30%. La subida habría afectado al 10% de los inmuebles de este sector con un mayor valor catastral, entre ellos alrededor de 200 hoteles de Barcelona.
En esta votación, PSC y ERC han apoyado la propuesta, mientras que Junts, PP y Vox han votado en contra y BComú se ha abstenido. Por tanto, el cambio finalmente no se aplicará.
El Ayuntamiento había calculado que esta modificación podía aportar 4,7 millones de euros adicionales a las arcas municipales. De esa cantidad, unos 3,8 millones procederían directamente del cambio del tipo impositivo y otros 900.000 euros de la actualización derivada de la revisión catastral realizada en 2018.
El tipo del 1,17% para los inmuebles de ocio y hostelería figura actualmente en la normativa municipal del IBI.
Más medidas para gestionar la actividad turística
La subida prevista para los cruceristas de corta estancia se suma a otras actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento dentro de su política de gestión turística de Barcelona.
Entre ellas se encuentra la Zona Bus 4.0, diseñada para ordenar las paradas y el estacionamiento de los autocares turísticos, así como el incremento del precio de acceso al Park Güell hasta los 18 euros. También se ha acordado con el Puerto de Barcelona reducir de siete a cinco las terminales de cruceros y se ha planteado la extinción de determinadas licencias a partir de 2028.
La modificación del recargo para los cruceristas de corta estancia queda ahora pendiente de completar su tramitación administrativa antes de que el Plenario pueda pronunciarse de forma definitiva.
