Consenso político en Barcelona para reforzar la respuesta penal frente a la multirreincidencia
El Ayuntamiento de Barcelona escenificó este viernes una imagen de cohesión política e institucional con motivo de la aprobación en el Congreso de la ley contra la multirreincidencia. El acto se celebró en el emblemático Saló de Cent y reunió a representantes del PSC, Junts, PP, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, así como a entidades vecinales y actores del tejido económico de la ciudad.
El alcalde, Jaume Collboni, subrayó que existe una mayoría política y social favorable a la reforma, señalando que la modificación normativa permitirá abordar de forma progresiva uno de los factores que más han influido en la percepción de inseguridad en la última década. Según afirmó, la aprobación del nuevo texto sitúa a la ciudad “en el camino para que este fenómeno quede atrás”.
Exigencia de aplicación inmediata y refuerzo judicial
Desde el grupo municipal de Junts, su presidente Jordi Martí Galbis defendió que la ley debe desplegarse con máxima rapidez operativa, acompañada de recursos económicos y medios materiales suficientes para evitar que quede en una mera declaración de intenciones. En su intervención insistió en la necesidad de reforzar la planta judicial con el fin de reducir la impunidad asociada a los delincuentes multirreincidentes.
En términos similares, el presidente del grupo municipal del PP, Daniel Sirera, valoró el acuerdo alcanzado en Madrid entre formaciones de distinto signo político. Remarcó que la iniciativa tiene un origen claramente vinculado a Barcelona y la definió como una medida decisiva para proteger la convivencia en los barrios y garantizar que los vecinos puedan regresar a sus hogares con tranquilidad.
Restablecer la confianza en las instituciones
La decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo, puso el foco en el impacto institucional del fenómeno. A su juicio, la multirreincidencia afecta directamente a la confianza ciudadana en el sistema jurídico.
Defendió que la reforma del Código Penal no persigue un endurecimiento desproporcionado de las penas, sino recuperar la credibilidad institucional y reforzar la capacidad disuasoria frente a estructuras delictivas que operaban bajo la expectativa de una respuesta penal limitada.
