Ada Colau impulsa acciones legales contra Israel y exige protección para los activistas detenidos
La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha presentado una denuncia contra Israel ante la Audiencia Nacional por los hechos ocurridos durante la interceptación de una flotilla humanitaria. La acción judicial busca señalar responsabilidades y poner fin a lo que considera una vulneración sistemática de los derechos humanos.
Colau comparece este 5 de mayo, en una semana en la que también declararán otros participantes de la misión, como el concejal de ERC Jordi Coronas. Según ha explicado, el objetivo es romper la impunidad y activar mecanismos de presión tanto en España como en la Unión Europea.
La querella se fundamenta en los hechos ocurridos en octubre, cuando la flotilla fue interceptada en aguas internacionales mientras se dirigía hacia Gaza con fines humanitarios. De acuerdo con el relato de Colau, los activistas sufrieron maltrato continuado, torturas y situaciones que pusieron en riesgo sus vidas.
En este contexto, juristas que respaldan la denuncia consideran que los hechos podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad, elevando la gravedad del caso a la jurisdicción internacional.
Preocupación por los activistas detenidos
La exalcaldesa también ha alertado sobre la situación actual de Saif Abukeshek y Thiago Ávila, integrantes de la Global Sumud Flotilla, detenidos el 29 de abril. Ambos permanecen encarcelados en el norte de Gaza, en condiciones que, según Colau, ponen en riesgo su integridad física y su vida.
Ha señalado que podrían estar siendo sometidos a torturas graves, y ha expresado una profunda inquietud ante posibles represalias, recordando el endurecimiento de las condiciones en centros penitenciarios de la región. En este sentido, ha insistido en la necesidad urgente de su liberación inmediata.
Llamamiento a una respuesta internacional
Más allá del ámbito judicial, Colau considera que esta iniciativa debe servir como instrumento de presión política para que instituciones estatales y europeas adopten una posición más activa. Su mensaje apunta a la necesidad de establecer límites claros frente a actuaciones que vulneren el derecho internacional y reforzar la protección de quienes participan en misiones humanitarias.
