Diez Mossos d’Esquadra de Barcelona afrontan juicio por presuntos abusos en el Raval
Un total de diez agentes de los Mossos d’Esquadra se enfrentarán a juicio por su presunta implicación en un episodio de amenazas, insultos y robos a vecinos del barrio del Raval, en Barcelona, ocurrido en 2022. Además, también están acusados de manipular documentación policial para justificar los hechos, en un caso que vuelve a poner el foco sobre posibles abusos dentro del cuerpo.
Los hechos se remontan a la noche del 8 de octubre de 2022, cuando un grupo de agentes fuera de servicio protagonizó diversos incidentes en las calles del Raval. Según testimonios, los implicados se encontraban en estado de embriaguez y reaccionaron de forma agresiva tras ser recriminados por vecinos.
Durante el altercado, se produjeron amenazas, insultos de carácter racista y agresiones físicas, llegando incluso a atacar a un residente. Horas más tarde, ya de madrugada, regresaron a la zona y llevaron a cabo una actuación violenta en un local, donde forzaron la entrada y sustrajeron varios objetos y dinero en efectivo.
La escena fue presenciada por distintos vecinos, algunos de los cuales grabaron lo ocurrido desde sus viviendas, generando posteriormente una amplia difusión en redes sociales.
Uso indebido de armas y amenazas graves
Entre los hechos más graves, se encuentra el uso de material policial estando fuera de servicio, como una porra extensible. También se señala que uno de los agentes llegó a amenazar a un vecino con un arma de fuego, incrementando la gravedad de la situación.
Este comportamiento ha sido señalado como especialmente preocupante, al implicar un uso indebido de medios oficiales fuera del ejercicio legal de sus funciones.
Acusaciones de falsificación documental
Tras la difusión pública de los vídeos, varios de los agentes implicados elaboraron un informe policial con el objetivo de justificar su actuación. Sin embargo, la Fiscalía considera que dicho documento no se ajusta a la realidad de los hechos, por lo que también se les imputa un delito de falsedad documental.
En total, el Ministerio Público atribuye a los agentes distintos delitos, entre ellos coacciones, robo con intimidación y falsificación de documentos oficiales. Como consecuencia, se solicitan sanciones económicas y penas de inhabilitación de hasta seis años para algunos de los implicados.
