Barcelona activa ayudas para comunidades que vetan los pisos turísticos en sus estatutos

Barcelona lanza ayudas para reforzar el uso residencial frente a los pisos turísticos

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha una nueva línea de subvenciones dirigida a comunidades de propietarios que decidan prohibir las viviendas de uso turístico en sus edificios mediante la redacción o modificación de sus estatutos. La iniciativa se canaliza a través del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona y permitirá cubrir parte de los gastos derivados de estos cambios normativos internos.

Las ayudas, que podrán solicitarse a partir del 27 de febrero, también contemplan el trabajo de administradores de fincas y profesionales jurídicos que participen en el proceso de adaptación estatutaria.

Convenio institucional para facilitar los cambios normativos

Esta convocatoria se enmarca dentro de un acuerdo de colaboración suscrito entre el consistorio, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, con una inversión municipal total de 100.000 euros. El objetivo es acompañar a las comunidades en la implantación de normas que limiten los usos turísticos dentro de sus inmuebles, ofreciendo asesoramiento técnico y apoyo en la tramitación legal.

La medida forma parte de los compromisos presupuestarios alcanzados con Esquerra Republicana de Catalunya.

Subvenciones para cubrir gastos de gestión y tramitación

Las comunidades podrán acceder a ayudas que cubrirán hasta el 50% de los costes asociados a notaría, registro y honorarios profesionales vinculados a la modificación o redacción de estatutos. La cuantía máxima prevista será de 2.500 euros en caso de nuevos estatutos y de hasta 1.500 euros cuando se trate de modificar los ya existentes.

Podrán beneficiarse aquellas comunidades que hayan aprobado estos cambios a partir del 1 de marzo de 2025, siempre que el acuerdo incluya expresamente la prohibición del uso turístico o de actividades económicas que puedan alterar la convivencia vecinal y que los nuevos estatutos hayan sido formalizados e inscritos en el Registro de la Propiedad.

Apoyo económico a profesionales implicados

De forma paralela, el programa prevé también subvenciones directas para los profesionales que asesoren a las comunidades durante el proceso, siempre que finalmente se haya llevado a cabo la modificación estatutaria. Para esta línea se ha habilitado una dotación específica de 36.000 euros.

Asimismo, el convenio contempla una aportación económica destinada a las entidades firmantes para fomentar la difusión de estas herramientas normativas entre las comunidades de vecinos y facilitar la adopción de medidas que contribuyan a mejorar la convivencia.

Protección del uso residencial de la vivienda

Más allá de abordar posibles conflictos derivados del alquiler turístico, la convocatoria pretende preservar el uso residencial de las viviendas frente a otros aprovechamientos de carácter económico. Esta línea de actuación se apoya en la sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de 2025, que subraya que el uso habitacional constituye la función esencial de la vivienda, diferenciándolo de actividades productivas como la explotación turística.