Advertencia del ayuntamiento Airbnb sino retira los pisos turísticos ilegales
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expresado una firme advertencia a Airbnb, amenazando con «estudiar todas las vías administrativas, civiles y penales» si la plataforma continúa permitiendo la publicación de anuncios de pisos turísticos sin licencia en su sitio web.
Esta postura se produce semanas después de que el gobierno municipal alertara a Airbnb sobre la presencia de alojamientos ilegales. Collboni se reunió el martes con Jaime Rodríguez de Santiago, máximo responsable de la plataforma en la Península Ibérica, y al término del encuentro, el alcalde declaró: «No estamos satisfechos con el resultado de la reunión«. Acompañado por los tenientes de alcaldía Laia Bonet y Jordi Valls, Collboni mantuvo un tono enérgico hacia la compañía de alquileres vacacionales.
La autoridad municipal frente a las plataformas
Collboni enfatizó que «Nadie está por encima de las leyes ni de la voluntad democrática de una ciudad. Ni Airbnb ni ninguna empresa debe dictarnos qué modelo turístico deseamos ni cómo gestionamos nuestras políticas de vivienda».
Detección mensual de pisos ilegales
Según Laia Bonet, teniente de alcaldía, los servicios de inspección de Barcelona detectan, en promedio, entre 300 y 400 pisos sin licencia cada mes. Una vez que se elabora una lista de estos inmuebles, se envía a Dublín, donde Airbnb tiene su sede central, con la solicitud de que la empresa retire los anuncios correspondientes.
La última lista de 800 pisos turísticos ilegales fue enviada por el Ayuntamiento a Airbnb en marzo. «Tuvieron que pasar dos meses y fue necesaria una denuncia pública para que fueran retirados», lamentó Bonet.
Propuesta de nuevo acuerdo entre el ayuntamiento y Airbnb
Más allá de las críticas, Jaume Collboni también informó que ha propuesto al director general de Airbnb para España y Portugal la creación de un nuevo convenio de colaboración entre ambas partes, que incorpore el «nuevo marco normativo».
Este posible acuerdo incluiría, por un lado, que a partir del 1 de julio de 2025, el Estado exigirá un registro único para los pisos turísticos. Esta medida representaría una herramienta adicional de control contra la ilegalidad. Por otro lado, el convenio también contemplaría el plazo de noviembre de 2028, fecha en la que Barcelona se ha propuesto la eliminación total de los pisos turísticos en la ciudad.
El alcalde concluyó: «Es mejor que lleguemos a un entendimiento para combatir la ilegalidad. No tengo ninguna duda de que ninguna plataforma desea respaldar una actividad ilícita».
