Ampliación del aeropuerto de El Prat: Un proyecto con impacto ambiental
El proyecto presentado este martes por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para expandir la tercera pista del Aeropuerto de El Prat implica la ocupación de una sección de las zonas de las lagunas de El Remolar y La Ricarda, así como la modificación de su perímetro. El objetivo principal es alargar la pista en 500 metros para facilitar los despegues y aterrizajes de aviones intercontinentales. Esto se logrará mediante una extensión de 60 metros hacia el lado de El Remolar y 440 metros en dirección a La Ricarda.
Detalles técnicos y objetivos de capacidad
Además de la extensión de la pista, el plan contempla la adición de 240 metros de área de seguridad o emergencia (RESA) en cada extremo, de los cuales 60 metros por lado serán pavimentados. Con estas modificaciones, la longitud total de la pista alcanzará los 3.160 metros, y con las áreas pavimentadas de seguridad, la extensión total asfaltada será de 3.280 metros. Según el proyecto, esta ampliación permitirá al aeropuerto alcanzar las 90 operaciones aéreas por hora, la capacidad máxima autorizada, superando las 80 operaciones actuales.
El proyecto también incluye la construcción de una nueva terminal satélite, la remodelación de las terminales 1 y 2, y otras infraestructuras, como una línea de tren subterránea para conectar con la T1.
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Compensación ambiental y rechazo ecologista
Para compensar el impacto en las zonas naturales de El Remolar y La Ricarda, se propone la creación de un «anillo verde» alrededor del aeropuerto. Este plan implica la adquisición y renaturalización de aproximadamente 270 hectáreas para servir como transición con las zonas agrícolas del delta del Llobregat.
Sin embargo, este proyecto ha sido rechazado categóricamente por diversas entidades como Ecologistas en Acción, CREAF, Depana y la plataforma Zeroport, quienes ya han anunciado movilizaciones en oposición a la ampliación.
Una «propuesta optimizada» con mínima afectación
El Govern defiende el proyecto como una «propuesta optimizada«, asegurando que logra los objetivos con una «mínima afectación» en la laguna de El Remolar y una «mínima intervención» en La Ricarda.
Esta propuesta permite que la pista pase de 2.660 metros a 3.160 metros, y modifica un plan anterior que preveía una afectación mucho mayor en ambas zonas naturales. Los autores del proyecto afirman que «de todas las alternativas analizadas, la solución a la que se ha llegado es la mejor ambientalmente, ya que, respecto a la alternativa inicial, realiza una actuación mínima en Red Natura 2000 de 60 metros en El Remolar y 80 metros en La Ricarda.»
Asimismo, los promotores sostienen que esta propuesta soluciona los problemas de exceso de ruido que han sufrido durante décadas los residentes de Gavà y Castelldefels. Según las administraciones implicadas y Aena, la propuesta reduce en 87 metros la afectación a La Ricarda en comparación con los planes iniciales, y la laguna preservará su lámina de agua, aunque con una configuración diferente.
Apoyos institucionales y cronograma
El proyecto ha sido presentado como un documento de trabajo de 47 páginas, con el respaldo de Aena, el Ministerio de Transportes y el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
Se prevé iniciar la tramitación del plan director en septiembre, con su aprobación esperada en 2028 tras superar la revisión de la Comisión Europea. Las obras se estiman entre 2030 y 2033, con un coste aproximado de 3.200 millones de euros.
La semana pasada, el presidente Salvador Illa ya había anticipado que la propuesta en la que trabajaban implicaría la afectación de ambas áreas naturales a cada lado de la tercera pista. Una comisión técnica conformada por el Ministerio de Transportes y la Generalitat ha sido la encargada de la elaboración de este proyecto.
La justificación: «No hacer nada no es una opción»
Con la extensión de la tercera pista, se espera abrir nuevas rutas directas hacia destinos como Tokio, Nueva Delhi y varias ciudades de China, como Guangzhou, además de una quincena de destinos en América del Norte y del Sur. También se busca aumentar la frecuencia de vuelos a ciudades ya conectadas, como Shanghái, Los Ángeles, Boston, México, Buenos Aires o Sao Paulo.
El documento justifica la ampliación con la premisa de que «no hacer nada no es una opción» y que la expansión es «imprescindible en lo que respecta al ámbito económico catalán«. Se argumenta que «es esencial garantizar una pista adecuada a la operativa propia de un aeropuerto intercontinental para que cumpla todos los estándares en materia de seguridad».
El «anillo verde»: Un compromiso ambiental
El proyecto se compromete a «evitar, minimizar, restaurar y compensar» los impactos ambientales en los espacios protegidos del Delta del Llobregat, de forma ambiciosa, mediante la creación de un «anillo verde» alrededor del aeropuerto.
El propósito de este «anillo verde» es asegurar la compatibilidad con las actividades agrícolas de la zona. Se estima que abarcará unas 270 hectáreas, y se materializará a través de la compra, restauración y gestión de «terrenos estratégicos para su renaturalización». Para financiar y gestionar estas actuaciones ambientales, se propone la creación de un Fondo Ambiental del Aeropuerto.
Conscientes de que un proyecto de esta magnitud requiere la aprobación de la Unión Europea, los autores argumentan la existencia de «razones imperiosas de interés público de primer orden» que justifican la intervención en zonas protegidas. En este sentido, se alude a «razones económicas y sociales vinculadas a la competitividad de la economía catalana«, justificantes que deberán ser validadas durante la evaluación ambiental del proyecto por parte de la UE.
Críticas de ecologistas y ambientalistas
Las entidades contrarias a la ampliación han reaccionado rápidamente al nuevo proyecto. Ecologistas en Acción de Catalunya ha calificado de «inaceptable» que Illa intente sacar adelante la ampliación sin acuerdo político, social ni vecinal: «La apuesta obsesiva por hacer crecer el aeropuerto evidencia también cómo el gobierno de Illa se sitúa junto al negacionismo climático».
Por su parte, la plataforma Zeroport ha rechazado «frontalmente» el plan, afirmando que «supondrá más contaminación» y un «destrozo» en el delta del Llobregat. Joan Manel del Llano, miembro de esta plataforma que aboga por el decrecimiento del puerto y el aeropuerto, añadió que implicará «más cemento» en un delta ya demasiado construido: «Supondrá más contaminación, más calentamiento global, más turistización, precarizará las condiciones de los sueldos y condiciones laborales y agravará el problema de la vivienda.»
Del Llano también ha criticado el llamado «anillo verde», argumentando que «supondrá sustituir espacios agrarios«, lo que reducirá la capacidad del delta para producir alimentos.
Daniel Pardo, portavoz de la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico, considera que, en un «momento histórico de emergencia climática«, el debate debería centrarse en «cómo se reduce el tráfico aéreo«.
Estas entidades ya están preparando movilizaciones para visibilizar la oposición al proyecto, mientras que este domingo está prevista una a favor del decrecimiento turístico.
El director del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), Joan Pino, advierte que hay especies que difícilmente sobrevivirán: «No todo son pájaros. Tenemos crustáceos de agua dulce y plantas acuáticas… Reproducir los hábitats que están formados por diversas comunidades vegetales es más difícil que generar una nueva laguna para los pájaros.»
Argumentos similares a los de Depana, los ecologistas que llevaron a Europa la falta de protección del delta del Llobregat y lograron que la Comisión Europea abriera un expediente en España. El presidente de la entidad, Josep Maria Carrera, ve complicado que el proyecto prospere: «Falta que esto lo apruebe Europa, porque al estar afectando a dos zonas húmedas, que son ZEPA, debería admitirlo la Comisión Europea. Y eso el Estado no puede cambiarlo. Yo lo veo difícil.»
Malestar en las organizaciones agrarias
Tanto Unió de Pagesos como la Federación de Cooperativas Agrarias de Catalunya (FCAC) han emitido comunicados rechazando categóricamente el proyecto. Ambas organizaciones han expresado su preocupación por la destrucción de los suelos agrarios y señalan que la propuesta contradice la Ley de Espacios Agrarios, aprobada en 2019.
En un comunicado, la FCAC reclama avanzar hacia «un modelo de país que ponga en valor el territorio, el campesinado y la producción de alimentos»: «La agricultura no debe volver a sufrir consecuencias devastadoras debido a un modelo de desarrollo que ignora su importancia estratégica. La Ley de Espacios Agrarios de Catalunya es clara: es necesario preservar los suelos más productivos, garantizar la viabilidad económica de la actividad agraria y avanzar hacia la soberanía alimentaria.»
En términos similares se expresa Unió de Pagesos, que recuerda el alto valor del Parque Agrario del Baix Llobregat para la obtención de alimentos de calidad y proximidad en una zona tan densamente poblada como el área metropolitana de Barcelona: «Poner en riesgo la producción agroalimentaria en este punto equivale también a poner en riesgo la alimentación de buena parte de los consumidores de las poblaciones que rodean a la capital catalana.»
