Barcelona amplía su parque de vivienda pública con la compra por tanteo de un edificio en Gràcia
En el barrio del Camp d’en Grassot, el Ayuntamiento de Barcelona ha ejercido el derecho de tanteo y retracto para adquirir un edificio ubicado en el pasaje Alió, número 21. El inmueble, actualmente desocupado, cuenta con 11 pisos que se asignarán a personas registradas en el Registro de Solicitantes de Viviendas de Protección Oficial (VPO) de la ciudad.
La inversión total asciende a 2,16 millones de euros, incluyendo el coste de rehabilitación integral, lo que supone un precio un 20% inferior a la media de mercado en la zona.
Una estrategia para ampliar el parque público de vivienda
Esta operación forma parte de la política municipal recogida en el Plan Vive, que busca incrementar la oferta de vivienda pública mediante adquisiciones estratégicas. El tanteo permite incorporar inmuebles en áreas con alta densidad y escasa disponibilidad de suelo, evitando que pasen a manos privadas con fines especulativos.
Se trata de la primera vez que el consistorio ejerce este derecho en el marco de una subasta judicial.
Recuperación de un edificio con problemas previos
La concejala de Gràcia, Laia Bonet, subrayó que esta compra recupera un inmueble degradado y lo convierte en un recurso con finalidad social, respondiendo a una demanda histórica de los vecinos.
En diciembre de 2024, la finca fue desalojada debido a problemas de convivencia y deficiencias graves de salubridad y conservación. Tras el desalojo, se procedió a su limpieza y desinsectación para garantizar la seguridad tanto del edificio como de las propiedades cercanas.
Características del edificio y coste por metro cuadrado
El bloque, de planta baja más cuatro pisos, tiene una superficie total construida de 553,64 m² destinada íntegramente a uso residencial y zonas comunes.
- Precio de compra: 1.088.000 €
- Rehabilitación: 1.072.677 €
- Precio final por m²: 3.902,68 €, frente a los 4.884,20 € de media en la zona.
Nueva ordenanza para tanteo y retracto
Paralelamente, el Ayuntamiento trabaja en una nueva normativa para regular este derecho, con el fin de ganar viviendas en barrios con riesgo de gentrificación o con alta presencia de población vulnerable.
La ordenanza establece que el precio máximo de adquisición no podrá superar el valor medio del barrio, descontando la rehabilitación si es necesaria. Además, contempla la posibilidad de ceder el derecho de compra a entidades públicas, privadas o sin ánimo de lucro dedicadas a la promoción de vivienda protegida, así como realizar adquisiciones conjuntas siempre que el consistorio mantenga al menos un tercio de la propiedad.
También se habilitará un portal web para que las entidades autorizadas consulten inmuebles sujetos a estos derechos cuando el Ayuntamiento no ejerza la compra.
