Barcelona impulsa medidas para controlar el uso turístico en comunidades de vecinos
El Ayuntamiento de Barcelona, a través del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación (IMHAB), ha formalizado un convenio de colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona. El objetivo principal es facilitar que las comunidades de propietarios puedan redactar nuevos estatutos o modificar los existentes, incorporando la posibilidad de limitar el uso turístico o cualquier otra actividad que pueda afectar negativamente la convivencia en los edificios.
El acuerdo fue presentado por el teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, junto con Lorenzo Viñas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas, y Joan Ràfols, presidente de la Cámara de Propiedad Urbana. Valls destacó que para garantizar el derecho a vivir en la ciudad es clave contar con la implicación de todos los actores del sector inmobiliario.
“Convenios como este demuestran nuestro compromiso: queremos que las comunidades puedan actualizar sus estatutos de manera sencilla para evitar la proliferación de pisos turísticos y asegurar el uso residencial de los edificios”, señaló el teniente de alcaldía.
El papel de los administradores y la Cámara
Por su parte, Lorenzo Viñas resaltó que los administradores de fincas son figuras clave para transmitir políticas públicas a la ciudadanía, al estar en contacto directo con propietarios y vecinos. Joan Ràfols subrayó que la Cámara de Propiedad Urbana mantiene su plena disposición a colaborar con el Ayuntamiento, promoviendo la calidad de vida y apoyando la implementación de políticas de vivienda adecuadas.
Subvenciones para impulsar la regulación
El convenio incluye un apoyo económico total de 100.000 euros. Una parte se destina a subvenciones directas de 4.000 euros para las dos instituciones firmantes, con el objetivo de fomentar la creación y actualización de normas de convivencia en las comunidades.
Además, se contempla un máximo de 36.000 euros para cubrir las minutas de administradores y profesionales jurídicos que participen en la adopción o modificación de estatutos. Por último, hasta 56.000 euros se destinarán a financiar los costes que asuman las comunidades de vecinos para actualizar sus estatutos, pendiente de aprobación en la Comisión de Gobierno.
Campaña de información y asesoramiento técnico
Para promover la modificación de estatutos, se lanzará una campaña de comunicación que informará y sensibilizará a las comunidades de propietarios. Asimismo, el Colegio de Administradores de Fincas ofrecerá asesoramiento técnico y cursos de formación profesional, mientras que la Cámara de Propiedad Urbana brindará apoyo especializado a sus asociados y a otras personas interesadas.
Este convenio forma parte de los acuerdos presupuestarios con ERC en los últimos años y tendrá una vigencia inicial de un año, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cuatro años, consolidando así un marco de colaboración para regular el uso turístico en los edificios de Barcelona.
