Nuevos escándalos afectan a la DGAIA por irregularidades en las ayudas a menores extutelados
La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) enfrenta nuevos problemas. Mientras diversas entidades investigan su gestión en el caso de abusos sexuales y prostitución que afectó a una menor tutelada y que reveló una red pederasta, la Oficina Antifrau examina un presunto entramado fraudulento relacionado con las ayudas a los extutelados, según informó La Vanguardia.
Se investiga si dos empresas colaboradoras de la DGAIA, la Fundación Resilis y la UTE Fundación Mercè Fontanilles, continuaron abonando ayudas públicas a jóvenes mayores de edad que ya tenían empleo y no residían en los pisos de protección, generando prestaciones irregulares. Esto surge de la denuncia de un exempleado que afirma haber alertado sobre estos pagos sin obtener respuesta de sus superiores.
El Foco en los Problemas de la DGAIA
Tras el Caso de las violaciones a una niña tutelada vuelven a señalar las deficiencias de la DGAIA. El denunciante relata que, ante sus advertencias, se le respondió con frases como: «Si no estás cómodo, márchate o vota a otro partido». Estas conversaciones fueron grabadas durante cinco meses, una medida tomada por el educador social tras sentirse obligado a emitir documentación falsa para sostener el presunto fraude y al no obtener respuesta al denunciarlo ante instancias superiores de la DGAIA y la fundación Mercè Fontanilles.
Se descubrió incluso que un presunto beneficiario ilícito de estas ayudas figuraba como residente en Catalunya, pero trabajaba en Valencia. Estos beneficiarios posteriormente enfrentaron problemas con Hacienda, según el denunciante, quien solicitó la baja laboral por presuntas vejaciones y amenazas de algunos jóvenes implicados, calificándolo de «negligencia y un despropósito«.
Situación Crítica del Sistema de Protección Infantil
Todo esto se añade a otras voces que resaltan la insuficiencia de recursos del sistema catalán para atender a niños y adolescentes en alto riesgo de exclusión social, centrando la atención en los problemas de la DGAIA.
En Catalunya, el sistema de protección a la infancia y la adolescencia cuenta con más de 5.000 plazas para diversas situaciones, incluyendo menores migrantes no acompañados y niños con padres a los que se ha retirado la custodia. Sin embargo, el sistema y sus centros operativos llevan tiempo al límite de su capacidad.
