Barcelona refuerza el asesoramiento jurídico en vivienda y lo extiende a todos los distritos
El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido extender a toda la ciudad el servicio de orientación jurídica especializado en vivienda, que hasta ahora solo se ofrecía en la Oficina de Vivienda de Ciutat Vella. La medida será posible gracias a un nuevo acuerdo firmado con el Colegio de la Abogacía de Barcelona, y el servicio comenzará a funcionar en todas las oficinas de vivienda municipales a partir de este mes de marzo.
La iniciativa pretende facilitar asesoramiento legal y tramitar solicitudes de justicia gratuita para personas con recursos económicos limitados, especialmente en procedimientos judiciales relacionados con la vivienda.
Más recursos para ampliar la atención a la ciudadanía
Con la ampliación del programa, el equipo encargado del servicio también crecerá. El dispositivo pasará de contar con un único profesional a tiempo parcial a disponer de tres abogados a jornada completa y otro a tiempo parcial.
Este refuerzo permitirá que el servicio esté disponible dos mañanas por semana en cada oficina de vivienda, además de ofrecer atención por las tardes en tres de ellas. Desde el consistorio se estima que con esta ampliación se podrán realizar alrededor de 3.000 asesoramientos al año y tramitar cerca de 800 solicitudes de justicia gratuita.
Prevención de la pérdida de vivienda y detección de abusos
Uno de los objetivos principales del servicio es evitar que personas en situación de vulnerabilidad pierdan su vivienda, ofreciendo apoyo legal antes de que los conflictos lleguen a fases más avanzadas en los tribunales.
Además del asesoramiento, el programa busca identificar prácticas abusivas o irregulares en el mercado inmobiliario, como problemas graves de mantenimiento en los inmuebles, incrementos desproporcionados del precio del alquiler o posibles fraudes vinculados a contratos temporales.
Un servicio más cercano para personas con dificultades de acceso
La extensión del servicio también pretende acercar la asistencia jurídica a los barrios, facilitando el acceso a quienes tienen dificultades para desplazarse o se enfrentan a barreras lingüísticas o tecnológicas.
La colaboración entre los abogados del ICAB y el personal de las oficinas municipales permitirá acompañar a los usuarios durante todo el proceso legal, además de proporcionar información sobre recursos públicos disponibles en materia de vivienda.
El teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, ha destacado que la ampliación responde al buen funcionamiento del servicio piloto y a la creciente demanda de asesoramiento jurídico en cuestiones de vivienda. Según explicó, el objetivo es ayudar a que las personas puedan mantenerse en sus hogares cuando tienen derecho a ello y recibir apoyo durante los procesos legales.
Una medida alineada con el Pla Viure
La iniciativa se enmarca dentro del Pla Viure, la estrategia del Ayuntamiento para reforzar el parque público de vivienda, aumentar la oferta de alquiler asequible y mejorar las condiciones de los inmuebles de la ciudad.
Entre las prioridades del plan también figura apoyar a los hogares con menos recursos para que puedan continuar viviendo en su casa, reforzando los mecanismos de prevención y protección ante situaciones de vulnerabilidad residencial.
