La Guardia Urbana accederá por fin a las bases de datos judiciales para frenar la reincidencia
El Gobierno ha aprobado un nuevo decreto que permitirá a las policías locales de ciudades como Barcelona acceder directamente a la información judicial sobre personas detenidas, especialmente aquellas con antecedentes por delitos reiterados. Esta medida responde a una demanda incluida en el plan de choque de Barcelona contra la multirreincidencia.
Acceso al sistema judicial para mejorar la respuesta policial
Con esta reforma, los agentes locales podrán consultar medidas cautelares y condenas previas asociadas a los detenidos. Para ello, se realizará una modificación en el sistema de registros judiciales (Siraj), permitiendo así que los cuerpos de policía local deriven con mayor rapidez a los detenidos a los juzgados, facilitando su procesamiento cuando sea necesario.
Una reivindicación de Barcelona ante la falta de información
Hasta ahora, las policías municipales –aunque responsables de la mayoría de detenciones por hurtos– no podían comprobar si los arrestados eran reincidentes, ni si existían antecedentes previos ni el valor de los objetos sustraídos en ocasiones anteriores. Esta limitación reducía la eficacia de la respuesta penal ante la delincuencia reiterada.
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Un impacto directo en la seguridad urbana
Desde el Ejecutivo se destaca que esta reforma tendrá un efecto disuasorio sobre los delincuentes habituales, ya que la imposición de penas de prisión por reincidencia será más ágil. Además, el Gobierno subraya que se trata de una medida que ayudará a disminuir la percepción de inseguridad en sectores clave como el comercio, el transporte público o las zonas turísticas.
Adaptación al sistema europeo de antecedentes
El decreto también contempla la integración con el Sistema Europeo de Intercambio de Condenas (ECRIS), lo que permitirá seguir antecedentes penales de ciudadanos extracomunitarios o apátridas. Esto reforzará el control internacional de la multirreincidencia. Además, se introducirán mejoras en la gestión de las solicitudes de cancelación de antecedentes penales.
