Fuerte despliegue de los Mossos para desalojar a seis familias vulnerables

Fuerte despliegue de los Mossos para desalojar a seis familias vulnerables

Los Mossos d’Esquadra han desplegado un fuerte operativo antidisturbios en el edificio conocido como Bloc Llavors, en la calle Lleida de Barcelona para ejecutar el desahucio de las seis familias que viven por orden judicial.

Esta es la sexta vez que se intenta desahuciar este edificio donde viven familias vulnerables, entre las que hay 2 menores.

Furgonetas de la brigada móvil de los Mossos y un gran número de agentes ocupan la calle Lleida del barrio del Poble Sec.

En el interior están las ocho familias, de las cuales seis han sido desalojadas con dos niños.

Las dos familias que tienen hijos, de 10 y 5 años, han pasado la noche fuera del edificio para evitar situaciones violentas de los menores.

La policía ha encontrado que una cincuentena de activistas estaban en la escalera para intentar que se ejecutase el desahucio. Los activistas han denunciado la violencia policial y la actuación de los Mossos sin la presencia de la comitiiva judicial.

Seis intentos de desahucio

La historia del bloque donde viven 8 familias, es larga.

Los han intentado desahuciar en seis ocasiones que han sido paradas por la presión de los vecinos y organizaciones sociales.

La última vez, el mes de enero el mismo juzgado detuvo inicialmente el desahucio en aplicación del decreto. La juez pidió al grupo inversor que estudiara si había familias vulnerables.

Pero finalmente, al cabo de cinco días reactivó el desalojo con fecha abierta.

Silvio Covolo, portavoz del sindicato de barrio de los Poble Sec reitera que la fecha abierta aplicada al desahucio es ilegal.

«Las fechas abiertas son ilegales, no están previstas por la ley de enjuiciamiento civil, y en marzo de 2019 un decreto ley reconoció que las fechas abiertas son ilegales. Ese mismo juzgado, hace unos meses, se negó a aplicar una fecha abierta y ahora la vuelve a poner».

Según Cavoli, esta noche algunos de los activistas ya han dormido en el edificio en previsión de que se quisiera ejecutar el desalojo.

El ayuntamiento estudia sanciones

El Ayuntamiento de Barcelona hace semanas que insiste en que la propiedad les ha de hacer una oferta de alquiler social de acuerdo con el decreto de la vivienda. Según el sindicato del barrio del Poble Sec, «Vauras», un fondo buitre propietario del edificio, no ha hecho ninguna oferta de alquiler social.

«Todas las personas que viven cumplen con los criterios de vulnerabilidad y todas tienen derecho a un alquiler social. El problema es que en Barcelona el precio de los alquileres y la presión especulativa está echando a las familias. Hay muchas familias que aunque tengan unos ingresos normales no se pueden permitirse pagar un piso.
El fondo buitre propiedad de los pisos ha intentado venderlos por medio millón de euros. ¿Quién puede pagar un piso de medio millón de euros de ochenta metros cuadrados?».

Como no ha habido oferta de alquiler social, el consistorio prepara los correspondientes expedientes sancionadores, que pueden alcanzar los 90.000 euros e incluso a la expropiación.

Este mes de febrero, la CUP, JuntsxCat y ERC pidieron a la juez que detuviera el proceso

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