El juicio por el supuesto montaje en el Puerto de Barcelona se tambalea ante la falta de pruebas
El proceso que investiga el presunto montaje policial contra el estibador Carlos L. llega a su fase final en la Audiencia de Barcelona, tras años de investigación, contradicciones y versiones enfrentadas. El caso, que apunta a una presunta conspiración dentro del entorno policial y portuario, carece de pruebas concluyentes contra los agentes acusados, lo que ha generado un debate sobre la solidez de la causa.
Un caso surgido entre los muelles del puerto
Los hechos se remontan a junio de 2016, cuando Carlos L. fue detenido después de que se encontraran una pistola, un hacha, cocaína y hachís en su vehículo. El operativo, en principio vinculado a una investigación por narcotráfico, terminó destapando indicios de un posible montaje policial.
El Puerto de Barcelona, epicentro del tráfico de drogas hacia Europa, se presenta como escenario de fondo en esta historia en la que se entrelazan confidentes, venganzas y acusaciones sin sustento documental.
El caso también conecta con la figura de David Caballero, alias Bubito, estibador y confidente policial asesinado en Montgat en noviembre de 2024. Según diversas versiones, una disputa previa entre Bubito y Carlos L. habría motivado la “colocada” de droga como represalia.
Dudas sobre la implicación de los Mossos en un presunto montaje policial
Cuatro acusados y una acusación cuestionada
En el banquillo se sientan cuatro procesados: dos agentes de los Mossos d’Esquadra destinados en la comisaría de Sant Martí y dos civiles, tío y sobrino, vinculados a la colocación de la sustancia.
La Fiscalía sostiene que los agentes accedieron indebidamente a la base de datos policial para facilitar información sobre la víctima, y que los civiles habrían sido los encargados de introducir las drogas en su vehículo mientras este se encontraba en el gimnasio.
Sin embargo, durante el juicio no se ha aportado ninguna prueba directa que acredite esa versión. Los registros informáticos son ambiguos y las claves de acceso al sistema eran compartidas por varios miembros de la unidad, lo que impide determinar quién realizó las consultas.
Pese a ello, el ministerio público mantiene su solicitud de 18 años y nueve meses de prisión para los dos agentes y 14 años para los otros dos acusados.
Una fotografía que desmonta la acusación
Una de las pruebas más relevantes ha sido la fotografía de la “Operación Picapiedra”, en la que un supuesto confidente identificó a los mossos como Pep y Godzilla, vinculándolos a una red criminal.
La defensa ha demostrado que uno de los agentes ni siquiera aparece en la imagen y que estaba de vacaciones en Brasil cuando se tomó. El propio tribunal ha admitido esa prueba documental, junto con el pasaporte sellado, como evidencia válida.
Esa constatación ha dejado en evidencia una grave inconsistencia en la tesis acusatoria y ha debilitado aún más la versión de los testigos. “Es imposible que lo reconocieran si no estaba allí”, recalcó el abogado defensor ante el tribunal.
El juicio por el presunto montaje del puerto apunta a ‘Bubito’ como pieza clave
El confidente inexistente y los testigos que se desdicen
El supuesto informador Luis Soler, citado como pieza clave de la investigación, ni siquiera figura en la causa. Su nombre solo ha aparecido en el juicio por referencia de otros agentes, y nunca se le ha localizado ni tomado declaración formal.
A ello se suma la declaración de un testigo protegido, reproducida en sala, que negó haber firmado ni participado en ningún atestado policial. “Todo me lo contaron los mossos, yo no dije nada”, afirmó. Su testimonio sembró aún más dudas sobre la autenticidad de las pruebas recabadas durante la instrucción.
La falta de coherencia entre las distintas declaraciones y la ausencia de pruebas materiales han convertido el proceso en un auténtico rompecabezas judicial.
La defensa de los agentes
Los dos mossos han sostenido desde el inicio su absoluta inocencia, negando cualquier vínculo con el estibador o con el entorno del narcotráfico portuario. Uno de ellos explicó que el día en que se realizaron las consultas informáticas ya había finalizado su turno, y que los accesos pudieron efectuarse desde cualquier ordenador de la unidad, dado que las claves del subinspector eran de uso común.
Ambos rechazaron haber participado en la llamada que alertó sobre la supuesta presencia de droga, insistiendo en que el operativo se desarrolló con normalidad y sin indicios de irregularidad. “Esto es una pesadilla. No entiendo por qué estoy aquí”, expresó uno de los acusados entre lágrimas.
El impacto en la víctima
El estibador Carlos L., que llegó a estar tres años investigado por narcotráfico, ha relatado ante el tribunal las graves secuelas psicológicas que sufre desde su detención.
El psiquiatra que lo atiende ha confirmado que padece un cuadro de ansiedad y miedo extremo, con la convicción de que continúa siendo vigilado. Según el perito, su estado se originó tras “una situación en la que alguien le coloca drogas y armas en su vehículo con el propósito de arruinar su vida y su carrera”.
Un proceso lleno de sombras
El desarrollo del juicio ha dejado patente las fisuras de una investigación construida sobre suposiciones y testimonios contradictorios. Las unidades de los Mossos implicadas se han señalado mutuamente, los confidentes no han comparecido y las pocas pruebas documentales se han mostrado endebles o erróneas.
A falta de evidencias concretas que acrediten su participación, los agentes se mantienen bajo una acusación que no se sostiene sobre bases objetivas. El tribunal deberá resolver ahora si existió realmente una conspiración para incriminar a un inocente o si todo ha sido el resultado de una investigación precipitada y mal fundamentada.
Mientras tanto, en la Audiencia de Barcelona resuena una frase que resume la esencia del caso: “Lo que pasa en el puerto, se queda en el puerto.”
