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Dos detenidos por estafar a empresarios 5,8 millones en créditos bancarios ficticios

Los Mossos han desmantelado una organización que estafaba a personas con negocios que se encontraban con problemas económicos. En el operativo, se han detenido a un total de dos personas y se investiga a otras cuatro, a las que se les atribuyen los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal.

Una estafa por valor de 5’8 millones de euros

Debido a unos problemas de liquidez de su empresa como consecuencia del bajón del negocio de su sector durante la época de restricciones por la COVID-19, la víctima debía hacer frente a varios pagos. Para obtener esta liquidez, la víctima optó por buscar acreedores. A través de un intermediario, la víctima entró en contacto con una supuesta entidad financiera con la que contrajo un préstamo en forma de garantía bancaria por un valor total de 40 millones de euros a pagar en tres años.

La víctima nunca recibió ese dinero, pero sí tuvo que hacer frente a los gastos que generaba la garantía bancaria que ascendían a un total de 5’8 millones de euros.

Una garantía bancaria, también llamada BG (Bank Guarantee) o, en su defecto, una SBLC (Standby Letter of Credit, o Carta de Crédito Standby) consiste en un contrato donde una entidad financiera asume el papel de avalista o garante de un cliente. Es una herramienta bancaria que, por medio de su monetización, permite al cliente obtener millones para emprender un proyecto, o hacer frente a una deuda, como sucedió en este caso.

Funcionamiento de la estructura criminal

El grupo estaba formado por 6 personas que disponían de conocimientos en materia mercantil y bancaria, lo que les permitía utilizar un tipo de lenguaje complejo y encriptado que les daba credibilidad y profesionalidad. De estas seis personas, cuatro operaban desde España, mientras que las otras dos conformaban la “rama europea” del grupo.

Habían creado una red de empresas ubicadas en diferentes países de Europa con el fin de hacer creer a las víctimas que se trataba de una empresa gestora de fondos de inversión solvente. Esto les comportaba una gran movilidad, ya que disponían de empresas ubicadas en Reino Unido, República Checa o Bulgaria, y residían en varios lugares del estado español y en Moldavia.

Para realizar las estafas, realizaban una selección previa de las víctimas. Las buscaban entre personas de alto poder adquisitivo y con negocios susceptibles de requerir créditos y garantías bancarias de elevadas cantidades, y que, además, estuvieran en una situación de urgente necesidad económica.

Rebajas en las comisiones y cerrar las operaciones rápidamente

Uno de los detenidos, que ya tenía un antecedente por una estafa similar, era la persona que se encargaba de tratar con las víctimas. Adaptaba las conversaciones a su interlocutor, así como a su tipo de negocio.

Iniciaba la captación explicando de forma reiterada las condiciones para obtener el dinero, alegando que formaba parte de la gestora y que podría obtener condiciones más ventajosas en cuanto a los intereses.

Bajo el argumento de que las condiciones del préstamo mejorarían con el tiempo, intentaba que las víctimas aumentaran la cantidad de dinero que solicitaban, para así aumentar también el % de la aportación económica inicial en concepto de gastos de crédito. Acto seguido, pretendía cerrar las negociaciones en muy poco tiempo alegando que el dinero llegaría muy rápido a la cuenta corriente de las víctimas y que los requisitos eran mínimos: aportar el dinero inicial.

Para terminar de impresionarlos, mencionaba que tenía muchos contactos con personas relevantes del mundo financiero español, el banco de España y otras personalidades.

Explotación de la investigación

El día 20 de julio, y recogidos todos los indicios que acreditaban la actividad delictiva de los investigados, los investigadores realizaron dos detenciones de un hombre y una mujer de 68 y 55 años, respectivamente, y llevaron a cabo dos entradas y registros en los municipios de Vilanova i la Geltrúi (Barcelona) y Port del Comte (Lleida).

Los detenidos tras pasar a disposición judicial, quedaron en libertad con cargos con medidas cautelares. Por otro lado, el juez instructor de la causa adoptó medidas cautelares en relación a diez inmuebles, con prohibición de enajenarlos, un vehículo y el bloqueo de cuatro cuentas bancarias de los investigados.

La investigación sigue abierta encarada al análisis de toda la documentación intervenida y a obtener más indicios de participación del resto de personas que conformaban el grupo investigado.